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La gestión de los servicios de agua desde el enfoque basado en derechos

Jaime Morell . Secretario General de AEOPAS. Sevilla, 22 de marzo de 2018

Tras la noticia aparecida en Diario de Sevilla el pasado domingo, 18 de marzo de 2018,  donde se afirmaba que los procesos de remunicipalización de la gestión de servicios públicos disminuían la capacidad inversora, mermaban la eficiencia y creaban inestabilidad laboral, desde la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)  queremos rebatir la citada información por ofrecer una visión de parte, sesgada y que no se ajusta a la realidad, posicionándose de forma favorable a los intereses de los operadores privados.

La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, junto a numerosas organizaciones sociales, sindicales, de  consumidores, académicas y otras, viene reclamando la necesidad de blindar el servicios público del ciclo integral del agua  ante los intereses de las empresas privadas  que, conforme al actual modelo concesional, pretenden hacer negocio mediante la privatización de la gestión,  mercantilizando, por tanto, la prestación de este derecho humano.

Para ello, desde AEOPAS proponemos un cambio de modelo de gestión con reivindicaciones que están siendo agregadas por partidos políticos para su inclusión en una futura Ley de Aguas Estatal. En 2016 las Elecciones Generales de diciembre ofrecen un Parlamento fragmentado con propuestas legislativas concretas sobre esta materia, en línea con el Derecho Humano al Agua (DHA) y la Directiva Marco del Agua (DMA). Es desde ese momento, cuando los intereses privados se ven amenazados y comienzan su particular “promoción”, con campañas publicitarias y patrocinio de informes y estudios de parte que tratan de interferir para frenar el desarrollo de la prestación del agua como un derecho ajeno a la mercantilización. Y es en este punto en el que nos encontramos, en el que las grandes multinacionales que copan el sector en nuestro país mediante sus empresas filiales y participadas, ven peligrar sus intereses y tratan de vender sus virtudes en la gestión del agua, tratando de distorsionar la opinión pública con el objetivo de detener posibles avances legislativos en la gestión del agua. Y en ese contexto hay que entender informaciones parciales, mal construidas, con titulares falsos y claramente tergiversadas que hemos podido leer estos días en periódicos de un importante grupo de comunicación andaluz.

La  empresa privada a menudo obtiene beneficios de los inputs secundarios que aparecen como consecuencia de ‘auto comprarse’ entre empresas filiales desarrollos informáticos, aplicaciones, plataformas, tantas veces como servicios municipales gestionen. Eso provoca, además, un  cierre del mercado minorista, pues no existe concurrencia competitiva en estos casos, desapareciendo la órbita de proveedores locales que viven en torno a los servicios municipales.

Por otro lado, la posible financiación que pudiera conseguir la empresa privada , siempre está garantizada por los recibos de agua que pagan los ciudadanos, por  lo que en ningún caso ni es mayor en su cuantía, ni más barata de la que consiguen las empresas públicas con las mismas garantías , e incluso en muchos casos mayor financiación a menor costo y con mayores garantías para las entidades financieras..

Existen infinidad de indicadores a los que se podría acudir para analizarlos y realizar una comparación científica más cercana a la realidad de los servicios: cortes de agua realizados a los usuarios, bonificaciones disponibles, cantidad, calidad y continuidad del servicio, existencia de atención presencial, dispersión geográfica y poblacional de la zona atendida…

Ciertamente, toda decisión de gestión privada está marcada por el lógico y lícito ánimo de lucro, pero es eso lo que lo aleja de poder proveer adecuadamente un derecho humano como el agua, vendiendo como acciones sociales propias lo que en realidad son iniciativas autonómicas, de sus ayuntamientos titulares o de oenegés para garantizar el acceso al agua de la población vulnerable mediante el pago de  recibos por parte de la administración titular que, en definitiva, reducen el impagado de la empresa redundando aún más en su beneficio.

El perfil de los municipios apetecibles para la iniciativa privada en gestión del agua suele contar con Ayuntamientos endeudados, con una población superior a los 50.000 habitantes y renta por habitante alta.  El canon concesional es en definitiva el único argumento para privatizar el servicio de agua. Se compra, por tanto, el servicio a los Ayuntamientos  y éstos se financiación con cargo al recibo que cargan a los ciudadanos, no utilizando prácticamente  nunca esa financiación para realizar inversiones  en agua. Así, los consistorios quedan hipotecados por muchos años a la empresa privada que adelantó el dinero del canon concesional, eso sí, siempre garantizado ante las entidades financieras con los recibos que pagan los ciudadanos.

Desde Aeopas consideramos que la colaboración público privada puede y debe darse pero sin que el privado trate de suplantar a la Administración en sus competencias , sin que ocupe sus espacios de responsabilidad y sin que incurra en tácticas oscurantistas que no permitan la fiscalización correcta de sus contratos de asistencias técnicas que siempre deben surgir de licitaciones competitivas por un plazo de tiempo adecuado, nunca mayor a cuatro años, el tiempo de un mandato.

Pero difícilmente encontramos gestión privada en pequeños municipios aislados o con serias deficiencias en recurso o infraestructuras. En lugares donde se trata de ser más eficaz que eficiente, encontramos siempre la provisión pública. Al final la cuenta es privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

Pero es que, además, distintos Ayuntamientos y empresas están siendo investigados por casos importantes de corrupción y agua como el Pokemon, Púnica y otras con importantes grupos multinacionales del sector salpicados.

El modelo de gestión del ciclo integral urbano del agua España está inmerso en la actualidad en un intenso proceso de cambio, que evoluciona desde un enfoque en el que primaba la construcción de grandes infraestructuras con enormes volúmenes de inversión pública, hacia una nueva perspectiva centrada en la participación social, la primacía de los derechos sobre los retos económicos, la sostenibilidad ambiental como máxima en el trabajo la participación, la transparencia y la rendición de cuantas, además del I+D+I en la implantación de nuevas soluciones técnicas y de gestión.

En este entorno, desde la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento se viene trabajando para la materialización del derecho humano, es decir, trasladar los principios aprobados por NN.UU y por España en particular , a la legislación positiva estatal, autonómica y local.

Entre las propuestas, se busca la erradicación de la pobreza hídrica, con la garantía de un abastecimiento mínimo de entre 60 y 100 litros por persona que debe garantizar el Estado. Ahonda también en la eliminación del denominado canon concesional que ofrecen las multinacionales a las administraciones para hacerse con la concesión de los servicios a cambio de periodos aproximados a los 25 años. Y es que en España no se privatiza el agua para buscar la eficiencia, sino porque es un negocio seguro en el que no hay competencia , es un monopolio natural y donde la administración responsable ingresa un importante volumen económico que, a menudo, prácticamente siempre, destina a cuestiones o partidas ajenas al servicio de agua. Es decir, se grava el recibo del agua con la repercusión de un canon que previamente ha cobrado la administración y que, en numerosos casos dedica a otras partidas presupuestarias.

Los hitos logrados en los últimos años que han contribuido a lograr construir una perspectiva de la gestión del agua como derecho, como  han sido, entre otros, la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 2002, la declaración en 2010 del Agua como Derecho Humano por la ONU y la iniciativa ciudadana 'Right2Water' ante la Unión WEuropea, que, tras lograr recoger en 2012, 1,7 millones de firmas, busca garantizar el derecho al agua para todas las personas y la trasposición a la legislación de los estados miembros de lo aprobado por NNUU sobre  derecho humano al agua y al saneamiento, dejando claro que el agua no debe gestionarse  como un bien comercial.

En definitiva, los servicios de agua gestionan bienes comunales y derechos y sólo se pueden y se deben gestionar desde lo público, siendo los ayuntamientos electos los que deben garantizar la prestación de estos derechos, debiendo, por tanto, incluir los políticos que se presenten a las elecciones en sus programas electorales cómo van a gestionarlos durante su mandato y siempre con transparencia, datos abiertos, participación activa y real y de rendición de cuentas a los ciudadanos mediante indicadores objetivos y claros.

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