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Cayo Lara avisa de que quienes quieren privatizar el agua son una "panda de inútiles incapaces de gestionarla"

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha avisado de que aquellos que privatizar el agua, a pesar de que se trate de un servicio público, forman parte de una "panda de inútiles incapaces de gestionarlo", además de "unos sinvergüenzas que quieren regalar cosas a amiguetes y empresas para conseguir beneficios a costa de los ciudadanos".

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha avisado de que aquellos que privatizar el agua, a pesar de que se trate de un servicio público, forman parte de una "panda de inútiles incapaces de gestionarlo", además de "unos sinvergüenzas que quieren regalar cosas a amiguetes y empresas para conseguir beneficios a costa de los ciudadanos".

En la sede de IU de Madrid, Lara ha respondido así después de que el diario 'El País' publique este lunes que el Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete estudia vender el suministro de agua de 79 municipios de Alicante, Murcia y Albacete.

"A quienes hay que privatizar es a los privatizadores", ha sentenciado el también presidente portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, al mismo tiempo que ha realizado un llamamiento para que la ciudadanía reaccione "ante el saqueo de todo lo público".

A su juicio, es compatible lo público con lo privado, si bien opina que "no es defendible" todas aquellas actuaciones relacionadas con la privatización de los servicios públicos básicos "por el beneficio de unos cuantos", como es en este caso el suministro de agua a los ciudadanos.

Contra el negocio del grifo

Los alcaldes de París, Ámsterdam y Viena piden la regulación del servicio público

Protesta en Madrid contra la privatización del agua. / GORKA LEJARCEGI

 Los alcaldes de Ámsterdam, Bruselas, Copenhague, Viena y París, entre otras ciudades que representan a 10 millones de habitantes, ya han firmado en contra de la privatización de la gestión de los servicios de agua en la primera Iniciativa Ciudadana Europea, un mecanismo de participación que permite, con un millón de firmas de siete países, “invitar” a la Comisión a que proponga un texto legislativo. Desde este fin de semana, decenas de asociaciones de todos los ámbitos y sindicatos reunidos en Madrid relanzan la campaña con una moción que presentarán en todos los ayuntamientos españoles. Responden así a la presión privatizadora de servicios de agua, un elemento reconocido por la ONU como un derecho humano desde 2010.

 En 1996, el 63% de la población española estaba abastecida por sociedades públicas y el 37% a través de un sistema de gestión privada.En 2003, según el Sistema Español de Información sobre el Agua, la empresa privada ya gestionaba el 48% de los sistemas y el 52% mantenía el carácter público. A partir de 2006, los porcentajes se invierten: 47% público y 53% privada. En la actualidad sigue así, pero podría cambiar en breve si se consuman los procesos de privatización pendientes.

 La última gran ciudad en vender ha sido Jerez (Cádiz) que, a cambio de 80 millones de euros, va a ceder durante 25 años a Aqualia su empresa municipal y los nueve millones anuales de beneficios que genera. El Ayuntamiento obtiene liquidez inmediata a cambio de su única sociedad pública sin números rojos. La empresa privada, un negocio seguro, ya que se trata de un bien del que nadie puede prescindir; rentable, porque los beneficios serán de 341,5 millones de euros, según la memoria justificativa del cambio de modelo de gestión; y libre de supervisión, ya que se convierte en la dueña de la información sobre el servicio.

“Hacer negocio con una necesidad es inmoral”, afirma tajante Pedro Arrojo, economista en la Universidad de Zaragoza, premio Goldman de medio ambiente y fundador de la fundación Nueva Cultura del Agua. “Al día siguiente de la privatización, la empresa le cobra al ciudadano la amortización del préstamo más los beneficios”, asegura antes de advertir que, además, detrás de las empresas de agua están entidades financieras que utilizan para estas operaciones dinero público que obtienen a través del Banco Central Europeo.

“Un gobierno municipal que va a estar cuatro años entrega el agua durante 25 o 40 años y crea una situación irreversible porque para el rescate habría que pagar el lucro cesante”, asegura Arrojo. “Es un fraude a los ciudadanos, que se convierten en clientes”, añade Jaime Morell, secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

Morell explica que, ante situaciones de asfixia económica, aparecen “salvapatrias” que ofrecen dinero a cambio de la gestión del agua. “Pero no dicen cómo y solo hay dos fórmulas: aumentando los ingresos con las tarifas y reduciendo los gastos, que en este caso son inversiones necesarias para mantener la calidad del abastecimiento y las redes. Los servicios públicos son derechos de los ciudadanos. Es un engaño, una estafa que se produce porque falta regulación y cada uno hace lo que le parece”.

Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), no rechaza el modelo de gestión privada o mixta, pero personalmente cuestiona que los fondos que se obtengan no se reinviertan en agua. No obstante niega que la titularidad sea el problema. La gestión puede ser buena o mala en todos los modelos, aunque matiza que la privada “en general” suele ser más eficiente. Sí coincide con todas las partes que el gran conflicto nace de la ausencia de regulación.

Entre el 25% y el 100% han llegado a subir las tarifas en algunos municipios, afirma Eloi Badía, de la Red Agua Pública en Cataluña, donde hay una treintena de colectivos muy activos en la lucha contra la privatización porque, según asegura, hasta el 80% de la población tiene los servicios en manos de empresas.

Una iniciativa "urgente"

El activista catalán de la Red Agua Pública Eloi Badía cree que la Iniciativa Ciudadana Europea y las mociones municipales “son urgentes” porque advierte que la presión privatizadora no viene solo de las empresas o de un partido sino que la propia UE impone este modelo. El reto es “implicar a la sociedad y conseguir un compromiso de los Ayuntamientos”, señala Badía, quien advierte que, por la crisis, “cada día crece el número de los que se quedan sin suministro”.

“El agua es fundamental en la vida de cualquier ciudadano y no se puede cortar. Es una responsabilidad pública de la que no se puede renegarcuando más falta la solidaridad con las familias que más están sufriendo la crisis”, añade Luis Babiano, gerente de Aeopas, quien insiste en que es imprescindible una regulación que garantice el acceso universal al agua y al saneamiento, así como que establezca unas reglas clara de supervisión, tanto económica como de calidad.

La Iniciativa Europea surge de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, a la que pertenece Fernando Antón (CCOO). “El objetivo es que se legisle y que la UE obligue a los Estados. Es una oportunidad única de defender el agua como derecho humano”, concluye.

La iniciativa será trasladada a los partidos políticos para que la lleven a todos los ayuntamientos y algunos partidos ya han mostrado su interés por sumarse.

Los objetivos es que la legislación europea exija que se garanticen servicios de agua potable y saneamiento convenientes, que el abastecimiento de agua y la gestión de recursos hídricos no se rijan por “las normas del mercado interior”, que se excluyan los servicios de agua del ámbito de la liberalización y que la UE redoble esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento.

MÁS INFORMACIÓN

 

Medio Ambiente se apunta a la ola privatizadora del agua

El Gobierno estudia vender el suministro a 79 municipios de Alicante, Murcia y Albacete

El ministerio busca fórmulas para devolver la deuda de las desaladoras

Miguel Arias Cañete tras un Consejo de Ministros. / ULY MARTÍN

El Ministerio de Medio Ambiente está estudiando la privatización del abastecimiento de agua a la región de Murcia y gran parte de la provincia de Alicante, de la que se encarga a través de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, según una portavoz. Se trata del único organismo estatal de este estilo y abastece a 79 municipios, que en verano alcanzan tres millones de habitantes. De consumarse, sería el mayor intento privatizador desde que Madrid trató, sin éxito, de sacar a bolsa el 49% del Canal de Isabel II, que abastece a nueve millones de personas, o la venta a Acciona —ahora suspendida— del consorcio Aguas del Ter-Llobregat. Antes de la privatización, Medio Ambiente podría fusionar parte del Taibilla con Acuamed, la empresa pública que construyó las desaladoras y que está llena de deudas.

La privatización del agua, como la de la sanidad, galopa con la crisis. Pero de adjudicar el reparto del agua en los municipios y el recibo —algo que comenzó hace tres décadas—, se ha subido un escalón. El Taibilla es la mancomunidad que reparte el agua a los Ayuntamientos: 43 en Murcia, 34 en Alicante y dos en Albacete. El Gobierno nunca lo transfirió porque afectaba a tres provincias y se ha mantenido en manos públicas en parte por la complejidad de la gestión y las implicaciones políticas que tiene: sus informes sobre las necesidades de abastecimiento son clave para decidir sobre los polémicos trasvases del Tajo al Segura. Además, en esa zona el agua es vital por la importancia de la agricultura. El Taibilla maneja agua superficial, de pozos, desalada y trasvasada.

Fuentes del sector explican que Medio Ambiente ha encargado a dos consultoras que estudien qué partes de Acuamed y del Taibilla se podrían fusionar para privatizarlo. Acuamed es la empresa que construyó las desaladoras y su situación económica es crítica. Las plantas se usan mucho menos de lo previsto. Hace un año, el ministro Miguel Arias Cañete apuntó —sin decirlo abiertamente— que estaba en quiebra. En junio pasado, un préstamo de 500 millones del Banco Europeo de Inversiones rescató la empresa.

El fiasco del Canal

En mayo pasado, la Comunidad de Madrid renunció a uno de sus planes estrella: la salida a Bolsa del 49% del Canal de Isabel II, el organismo público encargado del abastecimiento de 179 municipios de Madrid, que suman cinco millones de habitantes. “Tal y como está el mercado, no se dan las condiciones para que podamos vender el Canal en los precios que creemos adecuados”, declaró entonces Ignacio González, hoy presidente regional.

La retirada del plan llegó después de una inmensa movilización ciudadana contra la privatización: Madrid se llenó de mesas recogiendo firmas y de actos contra la venta.

El Canal ganó en 2010 114 millones de euros y, con una deuda de 1.670 millones, su valor estimado su situaba en 2.700 millones. La empresa fue utilizada por la Comunidad para realizar inversiones ajenas a su función, como unos teatros en Madrid que costaron 100 millones de euros.

El Canal de Isabel II fue creado en 1851 por decreto de Juan Bravo Murillo, a instancias de la reina, para abastecer de agua las viviendas de la capital sin tener que acudir a las fuentes públicas a buscarla. En 1984 fue transferido a la Comunidad de Madrid. Además del abastecimiento gestiona la depuración.

Acuamed no tiene atractivo para la venta. Pero el Taibilla, que tiene a 77 municipios como clientes y agua barata del Tajo y del río Taibilla, sí. El organismo tuvo en 2012 un presupuesto de ingresos de 74 millones y se autofinancia. Una fusión parcial podría ser la solución para Acuamed.

Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), es muy crítico con esta posibilidad: “El Taibilla ha demostrado eficiencia, eficacia, y ha dado desarrollo a una zona donde el agua es clave. El agua en el sureste es estratégica porque es una zona con sequías recurrentes, con una agricultura muy fuerte”. Babiano critica que una empresa privada pueda tener tanto peso para decidir cuánto se trasvasa desde el Tajo.

La Comunidad de Murcia, del PP, ya ha mostrado su oposición a la posible privatización, en lo que coincide con la oposición. Para el Gobierno, la venta no solo puede aliviar la falta de fondos sino que le quita un inminente problema: al aumentar el uso del agua desalada (por exigencias de Bruselas y porque cada vez hay menos en el Tajo), el recibo debe subir. Y mucho. Con el coste político que conlleva. Cañete ha defendido públicamente que había que buscar colaboración con la empresa privada en materia de aguas. Los problemas de las privatizaciones del Ter-Llobregat en Cataluña, o del Canal de Isabel II, en Madrid, no auguran un camino fácil a la privatización. Manuel Aldeguer, responsable de agua del PSOE de Alicante, critica que el objetivo del plan es “reducir el agua del Tajo que va al Segura y aumentar el recibo del agua”.

Privatización en el juzgado

D. CORDERO

En su objetivo por conseguir recursos, la Generalitat urdió el año pasado un plan para privatizar la gestión de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat (ATLL), encargada de la gestión del agua que consumen casi cinco millones de habitantes del área metropolitana de Barcelona. En verano abrió el concurso, valorado en 1.000 millones, que ganó un consorcio liderado por Acciona gracias a la oferta tarifaria que ofreció. La otra candidata, Agbar, abrió entonces una guerra con la Administración, argumentando que la oferta de Acciona era financieramente inviable. Sus impugnaciones acabaron surtiendo efecto.

Un organismo de la Generalitat, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), le dio parte de la razón al considerar que la oferta de Acciona no respetaba el pliego de condiciones en el plazo requerido de inversiones. El problema para la Generalitat es mayúsculo, porque las resoluciones del ente son ejecutivas y ponían en peligro el control del déficit y una indemnización millonaria a Acciona, en caso de revocarse su contrato. De momento ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la resolución para evitar que se suspenda el contrato y lo ha hecho desprestigiando el trabajo del OARCC.

Antonio Fanlo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja y experto en temas de agua, critica la privatización que han emprendido muchos Ayuntamientos, que venden el servicio durante décadas. En algunos casos utilizan el canon para invertir en abastecimiento, pero en otras va para otros fines, lo que en la práctica es una forma de financiarse con el aval del agua del grifo de sus ciudadanos. Fanlo resalta la presión de las grandes constructoras por hacerse con estos servicios ahora que la obra pública se ha hundido: “Van a por el agua de los Ayuntamientos porque están endeudados. Un concejal me decía: ‘¿Sabes lo difícil que es resistir a la oferta de una empresa que te paga por adelantado un suculento canon, cuando estás endeudado hasta las orejas?”.

Aguas de Barcelona (cuyo 75% es de la francesa Suez), Acciona y Aqualia (de FCC) están entre las principales empresas que acuden a estos concursos. Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua (AEAS) critica las privatizaciones cuando solo persiguen conseguir financiación municipal, no la inversión en la red de agua.

Medio Ambiente tiene en el agua uno de sus mayores problemas. No solo no ha presentado los planes de cuenca, sino que no tiene dinero para construir el millar de pequeñas depuradoras que faltan, de las que las comunidades deberían pagar una parte. Para emprender estas obras e intentar evitar la multa de Bruselas, el ministerio negocia con el Banco Europeo de Inversiones. Cañete mantiene buena relación con la vicepresidenta del organismo, Magdalena Álvarez, que ya firmó el préstamo para las desaladoras.

El recibo del agua es tasa, no precio público

EL SUPREMO DA LA RAZÓN A LA OROTAVA

CANARIAS HOY. NOÉ RAMÓN |  20 de enero de 2013 (11:23 h.)

El Tribunal Supremo ratifica que estás tarifas no están ya sujetas al control del ejecutivo al tratarse de una tasa y no de un precio público aunque el servicio esté privatizado.

El Tribunal Supremo (TS) acaba de dar la razón al Ayuntamiento de La Orotava frente al contencioso que mantenía con el Gobierno canario por haber aprobado la subida del agua en el año 2008 sin contar con el parecer del ejecutivo autónomo. El TS ratifica que pese al cierto desbarajuste que existía hasta hace poco a la hora de regular el procedimiento para fijar el precio de este servicio desde hace tiempo los tribunales han sentado jurisprudencia a la hora de determinar que esta prestación se rige por una tasa y no por medio de un precio público.

Este extremo quiere decir que no es necesario someter la revisión de la tarifa al parecer del Gobierno canario sino que su regulación se lleva a cabo como si de cualquier otra tasa municipal se tratara. De esta manera, sólo pueden ser anuladas por los tribunales y los ayuntamientos tienen plena potestad para determinarlas más allá de que el servicio sea de gestión directa o recaiga en manos de empresas privadas.

En el caso concreto de La Orotava, la empresa Canaragua ha asumido esta prestación desde el año 1991 y a partir de aquí en 1999, 2005, 2008 y 2011 el ejecutivo decidió presentar varios recursos contra la fijación de los nuevos precios sobre todo porque no se sometieron al dictamen de la Comisión regional. Sin embargo, el Supremo indica que ya son varias las sentencias que han determinado durante los últimos años que este paso ya no es preceptivo y que los ayuntamientos tienen capacidad para fijar la cuantía del recibo que pasarán cada año a sus vecinos.

La Orotava defendió que basta con publicar el acuerdo del pleno en los boletines oficiales para cumplir con sus obligaciones legales ya que se trataba de una tasa que no precisa “en absoluto” de aprobación alguna por parte del Estado o del Gobierno canario. Aunque en primera instancia el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón al ejecutivo, ahora el Supremo indica que “el criterio de esta Sala ha ido cambiando a lo largo del tiempo y no como consecuencia de un supuesto desorden jurisprudencial, sino esencialmente debido a los vaivenes y a los cambios normativos que se han ido produciendo con el transcurso de los años para adaptarse a la doctrina del Tribunal Constitucional (TC)”.

Precisamente, a partir del pronunciamiento de este último ámbito en 1995 es cuando se ha confirmado que las tarifas del agua, más allá de que se presten directamente o se deje en manos de empresas privadas, suponen una tasa y no un precio público. Es la cuarta ocasión que La Orotava y el ejecutivo se enzarzan en una pelea judicial por este motivo dado que las anteriores tuvieron lugar en 1999, 2005 y 2011 y en todas ellas también el TS se puso del lado del Ayuntamiento a la hora de respaldar su derecho a subir las tarifas sin consultárselo al Gobierno.

Pese a reconocerse del Supremo que ha existido un cierto “desorden” en esta materia y durante los últimos años se han pronunciado sentencias contradictorias acto seguido se indica que “la jurisprudencia ofrece un cuadro nítido y una evolución coherente”. En todos los casos la discusión no se centra tanto en el montante del incremento sino en la capacidad de las corporaciones locales de decidir por si mismas la modificación de las facturas que luego se cobran a los vecinos y empresas.

La gestión del agua se adjudicará por un procedimiento negociado

CARLOS INZA. LANZAROTE. CANARIAS7.ES
16.01.2013.- El Consorcio del Agua, formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos, convocará un procedimiento negociado (concurso público abierto a las empresas del sector interesadas en hacerse con la gestión del agua en la isla), tras resultar desierto el concurso público convocado en noviembre.
El acuerdo adoptado ayer por el Cabildo y los siete ayuntamientos, como propietarios del servicio del agua en Lanzarote, pretende invitar a las empresas del sector interesadas en hacerse con la explotación por los próximos 25 o 30 años, a cambio de que sufraguen la deuda de más de 50 millones de euros dejada por la empresa pública Inalsa.

El acuerdo, que contó con el voto favorable del Cabildo y todos los alcaldes (salvo el de Tías, que se abstuvo), pretende convocar en el plazo de diez días a las empresas del sector del agua más representativas para que, a cambio de explotar el servicio de abastecimiento, distribución y saneamiento, depositen 50 millones de euros para cubrir la deuda contraída con los acreedores y otros 15 millones más en inversiones necesarias para atajar fugas y acometer otras infraestructuras fundamentales.

Para ello se mantendrán la mayor parte de los requisitos incluidos en el pasado concurso público convocado en noviembre y que resultó desierto al no haber ninguna empresa interesada en acceder a la subasta para gestionar el servicio.

Sin embargo se introducirán modificaciones en algunos aspectos del pliego, como podrían ser el de el plazo final de explotación del servicio que podría aumentar hasta los 30 años, así como el precio del agua que paguen los ciudadanos, aunque no es intención del Consorcio del Agua, explicó ayer el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés.

Cabe decir que la adjudicación a una empresa privada de la gestión del agua, a cambio de que se haga cargo de la deuda de Inalsa (40 millones más 10 de los llamados créditos contra la masa), sumida actualmente en un concurso de acreedores, es la última oportunidad si se quiere evitar que la empresa pública se liquide y la deuda pase a las corporaciones locales.

Dicha liquidación de Inalsa sería ordenada por el juez de lo Mercantil y la deuda sería asumida por el Cabildo y los ayuntamientos, como dueños de Inalsa. Además, se ejecutarían los embargo cautelares de los bienes de los 17 exmiembros de los consejos de administración de la empresa.

El tiempo apremia porque el juez de lo Mercantil señaló en su día el mes de enero como plazo para convocar a la junta de acreedores en la que se votará la fórmula de pago de la deuda. No obstante, ayer el presidente del Cabildo dijo que existe voluntad de ampliar dicho plazo para reunir a la junta de acreedores.

La posibilidad de que una empresa o UTE accedan a hacerse con la gestión del agua a cambio de pagar la deuda es compleja, por el volumen del dinero a depositar, 65 millones.

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