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Morell ofrecerá una ponencia sobre Derecho Humano al agua en el Parlamento Europeo

Tendrá lugar el 25 de junio y asiste en su doble condición de consejero de APE y secretario general de AEOPAS

La europarlamentaria Lynn Boylan (ponente sobre la iniciativa ciudadana “Right2Water”) acoge una conferencia sobre el derecho al agua el 28 de junioen el Parlamento Europeo en Bruselas.

La conferencia se presenta como un seguimiento a la iniciativa ciudadana que a finales de 2013 pidió a la Comisión europea aplicar el derecho al agua. Específicamente, el objetivo de este evento es recordar a la Comisión que todavía no ha respondido adecuadamente a esta petición.

La asociación Aqua Publica Europea (APE) cooperó en la elaboración del programa y estará representada por Jaime Morell, secretario general de AEOPAS quien intervendrá en la primera mesa de debate junto con la parlamentaria Lynn Boylan, EPSU (la unión de sindicatos al origen de la iniciativa ciudadana) y una representante del movimiento griego de la defensa del derecho al agua. 

"El modelo concesional del agua solo funciona en España para hacer caja”

 

Jaime Morell, secretario de la Asociación de Operadores de Abastecimiento, participa en Alcázar de San Juan en unas jornadas sobre remunicipalización

Defiende la gestión pública del agua para no convertir un “derecho” en una “mercancía” y al ciudadano “en un cliente”

Esta asociación va a pedir a todos los partidos políticos la elaboración de una ley estatal regulatoria de estas acciones

Eldiario.es

Plataforma Aguas de Alcazar en la sede de FCC-Aqualia / Foto: Plataforma contra la privatización del agua de Alcázar

Plataforma Aguas de Alcazar en la sede de FCC-Aqualia

El mapa de la eclosión en la remunicipalización del agua por parte de muchos ayuntamientos españoles y el análisis de los efectos negativos que la privatización de este servicio tiene para la ciudadanía son las dos claves que destaca el experto Jaime Morell, sececretario de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). Con esta tesis ha participado en una ponencia celebrada en la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan, uno de los municipios adalides en esta lucha por la remunicipalización del agua.

En una entrevista con eldiarioclm.es, Morell plantea los motivos por los que estos servicios comienzan a privatizarse en España y por qué ha terminado imperando el actual modelo de concesiones. Lo explica por dos causas fundamentales: primero, porque no hay regulación alguna en este sector, siendo España el único país europeo que no la tiene; y segundo, porque como consecuencia de no existir normativa, tampoco hay control, ni transparencia, ni participación ni rendición de cuentas.

“Solo se privatiza para financiar a las entidades locales, y no para infraestructuras hidráulicas, que sería viable si se explicaran a los ciudadanos y si esas obras tuvieran una contabilidad diferenciada con las tarifas. Se privatiza por problemas de mala gestión de los ayuntamientos, lo cual no tiene sentido. Con ello se ha convertido el derecho al agua en una mercancía, y al ciudadano en un cliente, ya que sin agua no puede vivir”, argumenta. Esta síntesis ha llevado a este colectivo a considerar que el modelo concesional “solo funciona en España para hacer caja”. Así lo prueba el hecho de que no haya ni una sola ratio que diga que privatizando se consigan mejores resultados. “Todo es palabrería e influencia, y como además las concesiones se hacen a 25 o 30 años, se hipoteca la gestión de varias legislaturas”, destaca Morell.

Manifestación contra la privatización del agua en Zaragoza

Manifestación contra la privatización del agua en Zaragoza

Pero hay más irregularidades en el modelo privado de gestión local del agua. Ocurre por ejemplo que cada empresa pone la tarifa que quiere, “hace las cuentas como le parece”, estructura sus facturas y la información sin transparencia y no rinde cuentas. Por eso, el secretario de la AEOPAS apuesta por la empresa pública, que al menos está sometida a la intervención y a la publicidad en los contratos. La opacidad en el modelo privado es especialmente grave cuando los proveedores de la concesionarias suelen ser multinacionales que realizan financiación a fondo perdido, lo que a su vez afecta a la pyme, al “mercado cercano”, que “termina cayendo” en subcontratas “a precios irrisorios”.

“La única legitimidad que tiene gestionar este derecho humano, el del agua, es que haya transparencia, con un mandato explícito del Ayuntamiento para decir cómo lo va a gestionar”, añade. Y es esta premisa la que ha impulsado procesos de remunicipalización como el de Aguas de Alcázar, pese a que para revertir el proceso “nos hagan creer que es imposible porque debido a los contratos de concesiones hay que devolver a las empresas grandes cantidades de dinero”.

Remunicipalizar es posible aunque "todo se acabe judicializando"

También ocurre así en el caso de Alcázar pero no es el único. “Todo se acaba judicializando, las empresas empiezan a utilizar el ‘efecto pandilla’, te mandan 17 abogados para intimidar, pero es mentira, no pasa nada, porque cuando hay un expediente administrativo correcto y serio en base a una decisión política sobre la remunicipalización y se trabaja seriamente, se puede conseguir. Hay que desmontar la leyenda urbana de que esto es imposible”.

Morell deja claro que la asociación defiende un modelo determinado de gestión pública, y no pretende "demonizar" a la empresa privada, que “tiene su espacio” en contratos puntuales para obras municipales y con plazos razonables. De lo contrario, apunta, se cede a lo privado la responsabilidad que da la ciudadanía en la gestión “de un derecho que es de todos”. Es un premisa asumida en todos los "países serios", pero no en España, lo que ha motivado una contestación y demanda social que ya es “imparable”.

Es por todo ello por lo que resalta la necesidad de que cualquier proceso de remunicipalización provenga de una “decisión política clara” y que en paralelo a la elaboración del expediente administrativo se genere una estructura adecuada para prestar el servicio y determinar la entidad mercantil pública que debe gestionarlo. Imprescindible para todos estos procesos es que exista una ley estatal como se ha aprobado en Francia, Italia (con referéndum masivo), Portugal, Holanda o Alemania. La AEOPAS dirigirá esta petición a todos los partidos políticos, sindicatos y sociedad civil con motivo de las próximas elecciones generales.

Jornadas sobre la remunicipalización del Agua en Alcázar de San Juan (3-4 de junio de 2016)

El secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) participará el próximo sábado, 4 de junio, en las jornadas sobre remunicipalización del agua en Alcázar de San Juan.

La Plataforma contra la Privatización de Aguas de Alcázar organiza para los próximos 3 y 4 de junio un encuentro sobre cómo se pueden recuperar los servicios de aguas privatizados.

El contenido está dirigido principalmente a responsables municipales interesados en la remunicipalización de la gestión del agua, pero que tienen dudas sobre si el proceso es posible en su municipio. También están convocadas todas aquellas personas preocupadas por la gestión pública del agua, profesores, periodistas, activistas... 

 

Más información e inscripciones aquí.

Encuentro entre operadores de AEOPAS y el GWOPA (Alianza Mundial de Partenariados entre Operadores de Agua) de ONU-Habitat

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Los operadores de agua deben ser instituciones públicas honestas, responsables y eficientes, proveedoras de un servicio universal. Sin embargo,  muchos servicios de suministro de agua carecen de la fuerza institucional, los recursos humanos y la experiencia y equipos técnicos, o bien de la capacidad financiera y de gestión para ofrecer este tipo de servicios. Necesitan apoyo para desarrollar estas capacidades.

La inmensa mayoría de los operadores de agua en el mundo pertenecen al sector público; el 90 por ciento de las grandes ciudades reciben el servicio de este tipo de entidades. Esto significa que los operadores de agua del sector público poseen el bagaje y la experiencia práctica más amplia, así como la mayoría de los ejemplos de buena práctica y de instituciones sólidas. Pero el que pertenezcan al sector público hace que, por naturaleza, no tengan ningún incentivo comercial para prestar apoyo internacional. Su aliciente debe ser fruto de la solidaridad y no de la obtención de beneficio.

Cada vez más compañías proveedoras de agua del sector público se están agrupando, de muy diferentes maneras, para ayudar a otras a desarrollar la capacidad de ser un servicio público efectivo y responsable. Los partenariados entre operadores de agua (WOP en sus siglas en inglés) son intercambios de ayuda mutua entre dos o más operadores de agua que se llevan a cabo sin ánimo de lucro, con el objetivo de fortalecer su capacidad, potenciar su rendimiento y hacer que puedan prestar un servicio mejor a más personas. Los WOP tienen una trayectoria de éxito demostrada y pueden resultar sumamente rentables.En este sentido , la misión de GWOPA es fomentar el uso eficaz de estos partenariados sin ánimo de lucro entre operadores de agua, facilitando y coordinando los WOP, así como su principal fuente de conocimiento y orientación, a fin de que la existencia de WOP eficaces contribuya al cumplimiento de los objetivos de agua y saneamiento nacionales y mundiales, incluidos los relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho Humano al Agua.

Las WOP no son sólo un concepto abstracto. Hay muchos más países que han elegido asociaciones entre operadores públicos como forma prioritaria de cooperación. Por esta razón la Alianza Global de Operadores de Agua (GWOPA) de ONU-Hábitat y la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento han decidido reunirse en Gijón el próximo 17 de junio (Día Mundial de Lucha contra la Sequía y la Desertificación) para presentar el concepto de los WOP e identificar operadores españoles interesados en compartir sus conocimientos y experiencias con otros operadores con una base solidaria.  

Previamente el día 16 se celebrará un encuentro con Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente que nos permitirá analizar y discutir las diferentes situaciones que en Asturias se están desarrollan en relación con la gestión del agua.

Descarga el formulario de inscripción.

 PROGRAMA

Día 16 Tarde

(Hora por determinar) Encuentro con Belén Fernández González Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

 Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU)

C/ Coronel Aranda, 2 - Planta 4ª

33005 Oviedo

Cena Informal

Día 17

Sede: La Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) Av. del Príncipe de Asturias, 70, 33212 Gijón, Asturias

9.30 Bienvenida por parte de Pablo Manuel Alvarez Cacher Gerente EMA

10.00 Presentación del modelo de WOP y del programa GWOPA, Jose Luis Martin

10.30 La red de ciudades Latino Americanas como una red al servicio de las experiencias Pup/WOP

11.00 Las experiencias:

Diputación de Sevilla-Jaime Morell

Aigües del Prat

Promedio

Principado de Asturias

EMASESA (Sevilla)

BCASA (Barcelona)

Ayuntamiento de Zaragoza

13.00 El papel de las ONG y de la sociedad civil

Ingeniería Sin Fronteras

13.30 Plan de trabajo GWOPA con los socios de Aeopas

Comida

Visita a las instalaciones de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA)  

AEOPAS propone las bases para una ley del ciclo urbano del agua

Informe sobre la Proposición no de ley sobre el desarrollo de una nueva regulación para la gestión del agua, para su debate en la comisión de agricultura, alimentación y Medio Ambiente. Presentada por ciudadanos.consulta

Desde el año 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de la resolución A/RES/64/292, reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento como Derecho Humano esencial. Como tal, su acceso debe ser garantizado a todas las personas.

El pasado 8 de Septiembre, el pleno de la Eurocámara ha respaldado la iniciativa ciudadana 'Right2Water', que busca garantizar el derecho al agua para todas las personas y la trasposición a la legislación de los estados miembros del derecho humano al agua y al saneamiento, dejando claro que el agua no debe de tratarse como un bien comercial. Así, el agua se queda fuera de los acuerdos de libre comercio (TTIP) y de las normas del mercado interior, y se hace un llamamiento a la Comisión para que deje de impulsar su privatización.

En aplicación de este derecho humano, la gestión del suministro del agua debe guiarse mediante criterios de equidad social sobre la base de los principios de igualdad, no discriminación y justicia social. Para ello resulta fundamental, entre otras cuestiones, garantizar una dotación mínima y el compromiso de no efectuar cortes por razones económicas o administrativas. Igualmente, el agua y sus ecosistemas asociados son bienes comunes que no pueden de ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados.

En este sentido, desde hace varios meses diversas organizaciones y plataformas de la sociedad civil de todo el estado vienen reclamando la necesidad de blindar el suministro de agua ante los intereses de las empresas privadas por hacer negocio con este servicio, así como un cambio de modelo de gestión del agua urbana para que sea pública, democrática y participativa. Para ello, desde la sociedad civil se consideró necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), en el que se definen y acuerdan los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social.

El pacto cuenta con más de 300 organizaciones sociales, organizaciones ecologistas, académicas, sindicales y operadores de agua y saneamientos en distintos municipios del país, y persigue tres objetivos generales. El primero es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en muchos municipios, donde anticipan fondos que los ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua. La tercera, e imprescindible, impulsar un modelo trasparente y participado.

Paralelo a la creación de un nuevo modelo de gestión del agua hay que poner freno a la visión especulativa del agua en España. En España no se privatiza el agua para buscar la eficiencia, sino porque es un negocio seguro en el que no hay competencia y donde, además, el alcalde va a obtener un préstamo que él va a poder utilizar para “enjuagar las cuentas municipales”. El dinero que se destina al agua (y que va a consistir en dejarle a una empresa privada más de 25 años de concesión), se oculta tras ese préstamo a un solo alcalde que va a tener unas elecciones muy vanas, que va a poder pagar determinadas nóminas política y que va a poder hacer unas cuantas rotondas más dentro de su pueblo: eso es lo que estamos debatiendo; eso y entregar, a dos grandes multinacionales, el control de un recurso tan vital para la vida como es el agua.

El canon concesional es absolutamente indecente y debería estar perseguido. El canon es también una puerta a la corrupción. En estos momentos distintos Ayuntamientos del estado están siendo investigados por casos importantes de corrupción y agua como el Pokemon.. Casos similares llevaron a Francia a prohibir el canon concesional a través de la denominada Ley de Transparencia y Anticorrupción.

Por todo ello, desde Aeopas creemos muy necesario crear una ley de aguas del ciclo urbano que incluya las siguientes medidas de urgencia:

Regulador

Urge poner en marcha de un Regulador que controle "su salud", supervise los concursos de privatización y vigile la calidad de los servicios prestados tanto por los operadores públicos, como por los privados.

Es necesario política de gestión del ciclo integral del agua, incluida la tarifaria, regulada, transparente y participativa favorecería la gestión de nuestros servicios públicos y minimizaría los conflictos ambientales, sociales y territoriales.

En este sentido sería deseable la creación de un ente técnico independiente que auditara una serie de indicadores que describan la bondad del servicio (desde el interés del usuario) y garantice que los ciudadanos están disfrutando de una gestión pública sostenible desde una perspectiva social, económica y medioambiental.

Esta propuesta debe estar inspirada en la Directiva Marco del Agua (DMA) que señala como objetivo mantener el buen estado de los ecosistemas acuáticos a través de la minimización de impactos ambientales, la recuperación de los costes y la participación pública, lo que significa reconocer la necesidad de contar con las diferentes administraciones y con la ciudadanía para buscar las soluciones a los actuales problemas del agua. Esta participación debe ser real y basada en la transparencia. Defendemos que el peso de los Ayuntamientos -órganos competentes en esta materia- debe ser hegemónico en el regulador junto al de consumidores y usuarios, además de las empresas públicas que suponen más del 50% de las gestoras de los servicios en España.

En este sentido, Se insta a que el nuevo Gobierno ponga en marcha de forma urgente de un Órgano regulador. Las atribuciones del Regulador en lo referente al ciclo urbano del agua principalmente debe contemplar tres vertientes, económica, operacional y medioambiental:

En lo que se refiere a la primera, el Regulador debe tener como misión garantizar que las tarifas aplicadas sean únicas para todo el territorio es decir, que se contemplen los mismos conceptos (no los mismos costes), transparentes socialmente aceptables y económicamente sostenibles para las entidades gestoras. Regule los criterios básicos de tarificación para conseguir una facturación homogénea y basada en el número de personas que habitan en la vivienda. Tal como señala recientemente el informe especial del Defensor del Pueblo Andaluz para el Parlamento sobre Servicios de suministro. Garantías y derechos en Las tarifas, según el defensor, deben “tener como objetivo y límite” la autofinanciación del servicio y debe impedir la inclusión de costes que no estén asociados al servicio de agua, prohibiendo taxativamente que los ingresos sirvan para sufragar gastos municipales ajenos”.

En lo que se refiere a la segunda, el Regulador debe realizar un control de la calidad del servicio que se presta a los consumidores, atender las quejas de estos y ayudar a fiscalizar el comportamiento de las entidades gestoras. Además, el Regulador tiene que tener componentes ambientales, ya que debería de monitorizar en tiempo real el estado de las aguas de uso doméstico.

Otras funciones complementares deben ser la divulgación de la información relativa al desempeño de las entidades gestoras. Finalmente debería ser un auxilio a los ayuntamientos y diputaciones, con capacidad de asesoramiento.

Por otro lado, desde los movimientos sociales, para se exige a los operadores que adopten las siguientes medidas contempladas en la #iniciativagua2015:

Investigación. El acuerdo también fija la necesidad de “establecer planes de investigación y desarrollo en materia de gestión del ciclo del agua” en colaboración con las “universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales”.

Responsabilidad. El pacto también implica obligaciones para las entidades gestoras y, por encima de ellas, a los Ayuntamientos, que deben velar por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, en los ámbitos medioambientales, económicos y de infraestructuras.

De esta forma, los municipios deben preservar la calidad del suministro, utilizar los mínimos recursos que garanticen el servicio y prevenir la contaminación. Las tarifas debe reflejar el coste real, pero respetando los principios de equidad y transparencia, y destinarse solo y exclusivamente a sufragar los costes de dichos servicios. Finalmente, también los Ayuntamientos tienen la obligación de ejecutar las inversiones necesarias.

Control Social. Finalmente, el acuerdo establece nuevos mecanismos para asegurar el "control social" del recurso, con transparencia y "participación ciudadana efectiva", previstas en la Convención de Aarhus, en la normativa europea (Directiva 2003/35/, de 26 de mayo de 2003), y en la española (Ley 27/2006, de 18 de julio).

Un “REGULADOR” nunca está diseñado para la garantía jurídica del operador sino para garantizar la calidad del servicio público. Además debemos recordar que la DMA no señala que el agua ha de ser gestionado como "un bien económico escaso de creciente valor" sino más bien, y tal como señala la Directiva Marco del Agua, teniendo en cuenta que  “el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”

Eliminación del Canon concesional porque favorece la especulación e incluso es una puesta abierta a la corrupción

Muchos creemos que si la legislación simplemente prohibiera que los cánones concesionales se utilicen para fines distintos al simple enjuague de las cuentas municipales (p.e a la mejora de las infraestructuras hidráulicas) los procesos de privatización serían en España algo muy residual. No hacer esto es fomentar una burbuja hídrica basada en la utilización de la tarifa del agua como mecanismo de recaudación no transparente para financiar a los municipios y cuyo resultado no muy lejano será la ausencia de inversión en la gestión del ciclo urbano lo que conducirá a su insostenibilidad y, quizás, a su posterior rescate público, para volver a garantizar el “agua-vida”.

Paralelo a la creación de un nuevo modelo de gestión del agua hay que poner freno a la visión especulativa del agua en el Estado. En España no se privatiza el agua para buscar la eficiencia, sino porque es un negocio seguro en el que no hay competencia y donde, además, el alcalde va a obtener un préstamo que él va a poder utilizar para “enjuagar las cuentas municipales”. El dinero que se destina al agua (y que va a consistir en dejarle a una empresa privada más de 25 años de concesión), se oculta tras ese préstamo a un solo alcalde que va a tener unas elecciones muy vanas, que va a poder pagar determinadas nóminas política y que va a poder hacer unas cuantas rotondas más dentro de su pueblo: eso es lo que estamos debatiendo; eso y entregar, a dos grandes multinacionales, el control de un recurso tan vital para la vida como es el agua.

El canon concesional es absolutamente indecente y debería estar perseguido. El canon es también una puerta a la corrupción. En estos momentos distintos Ayuntamientos de El Estado como Nava, Pola de Siero, Pravia, Cangas de Narcea, Tineo, Avilés, Oviedo), A Coruña (Arzúa, Oroso, Ortigueira, Santiago, Valdoviño, Cedeira, Bergondo, Padrón, Betanzos), Pontevedra (Ponte Caldelas, Pontevedra), Lugo (Chantada, Ribadeo) y Ourense (Punxín, Barbadás, Ourense) están siendo investigados por casos importantes de corrupción y agua. La jueza instructora de la denominada “trama del Aquagest” ha resaltado que los directivos de la concesionaria privada “han urdido un plan organizado y preconcebido destinado a saltarse las barreras de las Administraciones Públicas”.

Casos similares llevaron a Francia a prohibir el canon concesional a través de la denominada Ley de Transparencia y Anticorrupción. Que prohíbe estos canones, crea indicadores de gestión y un regulador que supervisa la calidad de los servicios.

Acciones para ayudar a que el agua vuelva al grifo público

En este sentido creemos que sería importante crear un servicio dependiente de l Ministerio de Medio Ambiente capaz de auxiliar a los entes locales que se encuentran en esta situación. Este servicio, entre otras cosas debe contemplar la creación de una central de compras comunes; espacios para el desarrollo formativo.

El Estado debería de crear un “Manual Técnico de Remunicipalización” para que los municipios conozcan las posibilidades reales de esta opción.

Paralelamente es necesario impulsar de forma decidida la creación de los Entes supramunicipales del agua establecidos por la Ley de aguas para España, esto podría suponer el mayor impulso para la gestión pública del agua en España que ha habido nunca.

Actuaciones para Planificar de forma responsable

El proceso de renovación de la política de aguas en España (2000‐2014) resulta frustrante. En la primera generación de planes hidrológicos no hubo ocasión para la innovación debido a la premura final para aprobarlos antes de agotar su periodo de vigencia teórico (2015), manteniendo en líneas generales la orientación de los planes (de 1998) anteriores a la DMA. En este sentido si queremos un cambio de rumbo se deberán tomas las siguientes medidas:

  • a) condición imprescindible de partida: fortalecer el compromiso político con los objetivos de la DMA, claridad de objetivos y liderazgo en cada uno de los niveles de la Administración responsable;
  • b) consolidar un equipo técnico especializado de calidad, experimentado y con los recursos suficientes;
  • c)Fortalecer los mecanismos de participación social y garantizar que los resultados de la participación se van a integrar en las decisiones finalmente adoptadas (en el programa de medidas y en el PHC) y asumir el compromiso de devolución de resultados a los agentes sociales participantes.

Soluciones a la Depuración 

Es urgente promover un plan de inversiones en saneamiento y depuración. Promover inversiones y crear puestos de trabajo en la construcción y gestión de depuradoras de aguas residuales.

Las empresas privadas quieren participar de este proyecto por lo que, según un informe y defienden que la mejor opción es la privatización (o la colaboración con el sector público).

Sin embargo, numerosos informes o experiencias cuestionan la participación del sector privado en un plan donde, según defienden, no debe haber más beneficios que el medioambiental y la creación de puestos de trabajo. “El agua y el saneamiento es un derecho humano y no una mercancía, como aprobó el Parlamento europeo recientemente. Los expertos advierten de:

Hay “riesgos” en la incorporación de entidades privadas a infraestructuras de depuración. En este sentido, alertan de que las empresas están interesadas en grandes instalaciones porque suponen mayor beneficio a menor coste. Sin embargo, tal como sostuvieron los propios representantes institucionales no son las más adecuadas para los municipios que se beneficiarán del plan, de menor tamaño que las grandes ciudades, que ya cuentan con estas instalaciones.

También alertan de que las empresas privadas, cuando el negocio falla, tienden a endosar el problema a la Administración. Y ponen de ejemplo a las autopistas de peaje sobre las que no se han cumplido las expectativas de uso.

Al mismo tiempo, aseguran que la búsqueda de un mayor beneficio suele generar políticas de ahorro en mantenimiento de unas instalaciones muy sensibles que terminan pagando los usuarios y sus municipios. En algunos pueblos, las empresas concesionarias se han beneficiado de la construcción de nuevas instalaciones por el abandono intencionado de las existentes.

Por último, creen que la norma establece que la ley de Régimen Local otorga las competencias de suministro, alcantarillado y tratamiento a los municipios, por lo que no entienden que éstas se privaticen.

La única opción posible, según los expertos y las asociaciones presentes, son los acuerdos de colaboración Público-Público ya que los operadores públicos tienen capacidad financiera suficiente para ejecutar el plan y garantizan que el objetivo final es el ciudadano y no los intereses de una empresa o grupo de empresas.

La financiación está clara, procede del canon de depuración, que solo se puede destinar a estas infraestructuras. Además, sería la garantía ante cualquier entidad financiera, dado que los recibos del agua tienen una garantía de cobro de entre el 99% y el 97%.

Como las empresas públicas del agua obtienen más de la mitad de sus ingresos de fuentes de mercado, es decir, de los usuarios, no computan como entidades públicas a la hora de establecer el déficit, por lo que no añadirían números rojos a las cuentas municipales ni autonómicas.

"Hace falta un plan de actuaciones", no entendemos cómo en la situación de crisis que atraviesa el país no se ha puesto en marcha el programa de inversiones. "Incluso la patronal lo apoya, entre otras cosas porque supondría la consolidación de las empresas tecnológicas ".

Soluciones a la Pobreza Hídrica

Hay que apostar por estrategia global de derecho universal del agua para toda la ciudadanía desde la prestación pública del servicio. Por ello hay que aplicar los criterios de la Iniciativa europea ciudadana el “agua es un derecho y no una mercancía” a todas las escalas legales (Unión Europea, Estado español, Autonomía andaluza y ayuntamientos). Es necesario aprobar un Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Inclusión Social, que prevea la aprobación de un Plan Extraordinario de Solidaridad para atender tanto los suministros mínimos vitales (agua y electricidad) como las necesidades urgentes y básicas de personas, familias y colectivos que necesitan una protección especial.

También creen fundamental la creación de un articulo legal dentro de la Ley de Aguas que reconozca el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento ( como prohibir los cortes, asegurar un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado), también debe aumentar la información a las personas usuarias y contratantes del suministro, fortalecer las garantías en materia de reclamaciones y apostar por un servicio de atención al ciudadano gratuito.

Finalmente algunos colectivos solicitan entienden que las tarifas de agua son 'tasas', que "nos las están cobrando como precios privados, eludiéndose la normativa tributaria y sin dar debida cuenta del dinero recaudado". Entiende, en este sentido, que la tasa supone una mayor garantía para los ciudadanos y una protección frente los cortas el agua para las personas con dificultades económicas. Ante este debate, no cerrado, se solicitó a las administraciones que realicen un estudio jurídico sobre la cuestión.

El defensor del pueblo andaluz, en el informe anteriormente citado, reclama que se establezca el derecho a “recibir de forma gratuita un suministro mínimo vital cuando su situación económica así lo requiera, prohibición de los cortes a quienes estén en situación de pobreza y ayudas a quienes no puedan pagar el consumo extra que no se garantice con el mínimo vital. Mínimo vital que ya algunas ciudades de gestión pública como Córdoba están aplicando.

Pacto Social Por el Agua

Desde el año 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de la resolución A/RES/64/292, reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento como Derecho Humano esencial. Como tal, su acceso debe ser garantizado a todas las personas.

El pasado 8 de Septiembre, el pleno de la Eurocámara ha respaldado la iniciativa ciudadana 'Right2Water', que busca garantizar el derecho al agua para todas las personas y la trasposición a la legislación de los estados miembros del derecho humano al agua y al saneamiento, dejando claro que el agua no debe de tratarse como un bien comercial. Así, el agua se queda fuera de los acuerdos de libre comercio (TTIP) y de las normas del mercado interior, y se hace un llamamiento a la Comisión para que deje de impulsar su privatización.

En aplicación de este derecho humano, la gestión del suministro del agua debe guiarse mediante criterios de equidad social sobre la base de los principios de igualdad, no discriminación y justicia social. Para ello resulta fundamental, entre otras cuestiones, garantizar una dotación mínima y el compromiso de no efectuar cortes por razones económicas o administrativas. Igualmente, el agua y sus ecosistemas asociados son bienes comunes que no pueden de ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados.

En este sentido, desde hace varios meses diversas organizaciones y plataformas de la sociedad civil de todo el estado vienen reclamando la necesidad de blindar el suministro de agua ante los intereses de las empresas privadas por hacer negocio con este servicio, así como un cambio de modelo de gestión del agua urbana para que sea pública, democrática y participativa. Para ello, desde la sociedad civil se consideró necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), en el que se definen y acuerdan los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social.

El pacto cuenta con más de 300 organizaciones sociales, organizaciones ecologistas, académicas, sindicales y operadores de agua y saneamientos en distintos municipios del país, y persigue tres objetivos generales. El primero es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en muchos municipios, donde anticipan fondos que los ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua. La tercera, e imprescindible, impulsar un modelo trasparente y participado.

El Pacto ya se está llevando y aprobando en muchos municipios como Málaga, Gijón, Compostela, Huelva, Sevilla o los parlamentos Asturiano, Catalán y Andaluz pero creemos que se debe de adoptar por el Gobierno Central y esta ley debería afrontar de manera clara el problema de la fallas en la regulación del sector urbano. Para ello creemos que se debe realizar una Ley del agua urbana (en colaboración con los municipios) basado en 8 puntos básicos:

Demandas Concretas

  • Reconocimiento del derecho al agua como una condición inexcusable para la erradicación de la pobreza hídrica. Instar a las modificaciones legislativas pertinentes o desarrollos reglamentarios necesarios que aporten soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica. En este sentido resulta esencial prohibir los cortes de agua domésticos para aquellos colectivos que no pueden hacer frente a su pago, así como asegurar un abastecimiento mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado.
  • Rescate. Crear un servicio dependiente del Estado central dedicado a auxiliar a los entes locales que quieran iniciar procesos de remunicipalización del servicio del agua. Rechazo a los procesos de privatización de la gestión del agua en Andalucía, por ser un modelo más gravoso para la ciudadanía, medioambientalmente insostenible, escasamente transparente, excluyente y que provoca una absoluta pérdida de control por parte de las administraciones públicas sobre la gestión de este servicio básico.
  • Desarrollo de Planes de Depuración que contemplen el desarrollo de programa de financiación público-público. Establecimiento de acuerdos de colaboración con los operadores públicos de agua que conlleve la adopción de un plan que promueva inversiones urgentes en saneamiento y depuración para la culminación de las obras de interés de saneamiento y depuración contempladas en el Plan de Calidad de las Aguas. En el convenio se encomendará a las Sociedades Gestoras Públicas la realización de determinadas infraestructuras de depuración de interés y se determinarán las modalidades y formas de contratación de infraestructuras, así como el grado de implicación de cada una de las partes en el inicio, control y desarrollo del expediente de contratación, sin que el papel de los entes locales pueda verse reducido, de plano, a una mera subrogación en un contrato licitado por el Estado.
  • Adhesión al Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015) en el que se definen y acuerdan los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social.
  • Rechazó al recién aprobado real decreto sobre autoconsumo, una regulación eléctrica (RD 900/2015) que se ha ido retrasando durante toda la legislatura y que incluye el llamado impuesto al sol. La normativa es un obstáculo al desarrollo de las energías limpias y supone una dependencia exclusiva de las reglas que nos imponen las actuales empresas eléctricas.
  • Creación de un órgano de regulación que garantice un servicio eficaz y justo. El órgano tiene que tener el personal adecuado para llevar esta función y legalmente, tiene que tener capacidad sancionadora en caso de incumplimientos de los contratos. En este sentido, nos negamos a una “teatralización” de la regulación que otros actores demandan para impedir que afloren instituciones capaces de garantizar un servicio de calidad.
  • Reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido en la factura cuando no exista beneficio industrial (caso del modelo público).
  • La eliminación del denominado canon concesional que permite vender el agua para enjuagar las cuentas municipales y especular con el agua.
 

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