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AEOPAS propone las bases para una ley del ciclo urbano del agua

Informe sobre la Proposición no de ley sobre el desarrollo de una nueva regulación para la gestión del agua, para su debate en la comisión de agricultura, alimentación y Medio Ambiente. Presentada por ciudadanos.consulta

Desde el año 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de la resolución A/RES/64/292, reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento como Derecho Humano esencial. Como tal, su acceso debe ser garantizado a todas las personas.

El pasado 8 de Septiembre, el pleno de la Eurocámara ha respaldado la iniciativa ciudadana 'Right2Water', que busca garantizar el derecho al agua para todas las personas y la trasposición a la legislación de los estados miembros del derecho humano al agua y al saneamiento, dejando claro que el agua no debe de tratarse como un bien comercial. Así, el agua se queda fuera de los acuerdos de libre comercio (TTIP) y de las normas del mercado interior, y se hace un llamamiento a la Comisión para que deje de impulsar su privatización.

En aplicación de este derecho humano, la gestión del suministro del agua debe guiarse mediante criterios de equidad social sobre la base de los principios de igualdad, no discriminación y justicia social. Para ello resulta fundamental, entre otras cuestiones, garantizar una dotación mínima y el compromiso de no efectuar cortes por razones económicas o administrativas. Igualmente, el agua y sus ecosistemas asociados son bienes comunes que no pueden de ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados.

En este sentido, desde hace varios meses diversas organizaciones y plataformas de la sociedad civil de todo el estado vienen reclamando la necesidad de blindar el suministro de agua ante los intereses de las empresas privadas por hacer negocio con este servicio, así como un cambio de modelo de gestión del agua urbana para que sea pública, democrática y participativa. Para ello, desde la sociedad civil se consideró necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), en el que se definen y acuerdan los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social.

El pacto cuenta con más de 300 organizaciones sociales, organizaciones ecologistas, académicas, sindicales y operadores de agua y saneamientos en distintos municipios del país, y persigue tres objetivos generales. El primero es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en muchos municipios, donde anticipan fondos que los ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua. La tercera, e imprescindible, impulsar un modelo trasparente y participado.

Paralelo a la creación de un nuevo modelo de gestión del agua hay que poner freno a la visión especulativa del agua en España. En España no se privatiza el agua para buscar la eficiencia, sino porque es un negocio seguro en el que no hay competencia y donde, además, el alcalde va a obtener un préstamo que él va a poder utilizar para “enjuagar las cuentas municipales”. El dinero que se destina al agua (y que va a consistir en dejarle a una empresa privada más de 25 años de concesión), se oculta tras ese préstamo a un solo alcalde que va a tener unas elecciones muy vanas, que va a poder pagar determinadas nóminas política y que va a poder hacer unas cuantas rotondas más dentro de su pueblo: eso es lo que estamos debatiendo; eso y entregar, a dos grandes multinacionales, el control de un recurso tan vital para la vida como es el agua.

El canon concesional es absolutamente indecente y debería estar perseguido. El canon es también una puerta a la corrupción. En estos momentos distintos Ayuntamientos del estado están siendo investigados por casos importantes de corrupción y agua como el Pokemon.. Casos similares llevaron a Francia a prohibir el canon concesional a través de la denominada Ley de Transparencia y Anticorrupción.

Por todo ello, desde Aeopas creemos muy necesario crear una ley de aguas del ciclo urbano que incluya las siguientes medidas de urgencia:

Regulador

Urge poner en marcha de un Regulador que controle "su salud", supervise los concursos de privatización y vigile la calidad de los servicios prestados tanto por los operadores públicos, como por los privados.

Es necesario política de gestión del ciclo integral del agua, incluida la tarifaria, regulada, transparente y participativa favorecería la gestión de nuestros servicios públicos y minimizaría los conflictos ambientales, sociales y territoriales.

En este sentido sería deseable la creación de un ente técnico independiente que auditara una serie de indicadores que describan la bondad del servicio (desde el interés del usuario) y garantice que los ciudadanos están disfrutando de una gestión pública sostenible desde una perspectiva social, económica y medioambiental.

Esta propuesta debe estar inspirada en la Directiva Marco del Agua (DMA) que señala como objetivo mantener el buen estado de los ecosistemas acuáticos a través de la minimización de impactos ambientales, la recuperación de los costes y la participación pública, lo que significa reconocer la necesidad de contar con las diferentes administraciones y con la ciudadanía para buscar las soluciones a los actuales problemas del agua. Esta participación debe ser real y basada en la transparencia. Defendemos que el peso de los Ayuntamientos -órganos competentes en esta materia- debe ser hegemónico en el regulador junto al de consumidores y usuarios, además de las empresas públicas que suponen más del 50% de las gestoras de los servicios en España.

En este sentido, Se insta a que el nuevo Gobierno ponga en marcha de forma urgente de un Órgano regulador. Las atribuciones del Regulador en lo referente al ciclo urbano del agua principalmente debe contemplar tres vertientes, económica, operacional y medioambiental:

En lo que se refiere a la primera, el Regulador debe tener como misión garantizar que las tarifas aplicadas sean únicas para todo el territorio es decir, que se contemplen los mismos conceptos (no los mismos costes), transparentes socialmente aceptables y económicamente sostenibles para las entidades gestoras. Regule los criterios básicos de tarificación para conseguir una facturación homogénea y basada en el número de personas que habitan en la vivienda. Tal como señala recientemente el informe especial del Defensor del Pueblo Andaluz para el Parlamento sobre Servicios de suministro. Garantías y derechos en Las tarifas, según el defensor, deben “tener como objetivo y límite” la autofinanciación del servicio y debe impedir la inclusión de costes que no estén asociados al servicio de agua, prohibiendo taxativamente que los ingresos sirvan para sufragar gastos municipales ajenos”.

En lo que se refiere a la segunda, el Regulador debe realizar un control de la calidad del servicio que se presta a los consumidores, atender las quejas de estos y ayudar a fiscalizar el comportamiento de las entidades gestoras. Además, el Regulador tiene que tener componentes ambientales, ya que debería de monitorizar en tiempo real el estado de las aguas de uso doméstico.

Otras funciones complementares deben ser la divulgación de la información relativa al desempeño de las entidades gestoras. Finalmente debería ser un auxilio a los ayuntamientos y diputaciones, con capacidad de asesoramiento.

Por otro lado, desde los movimientos sociales, para se exige a los operadores que adopten las siguientes medidas contempladas en la #iniciativagua2015:

Investigación. El acuerdo también fija la necesidad de “establecer planes de investigación y desarrollo en materia de gestión del ciclo del agua” en colaboración con las “universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales”.

Responsabilidad. El pacto también implica obligaciones para las entidades gestoras y, por encima de ellas, a los Ayuntamientos, que deben velar por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, en los ámbitos medioambientales, económicos y de infraestructuras.

De esta forma, los municipios deben preservar la calidad del suministro, utilizar los mínimos recursos que garanticen el servicio y prevenir la contaminación. Las tarifas debe reflejar el coste real, pero respetando los principios de equidad y transparencia, y destinarse solo y exclusivamente a sufragar los costes de dichos servicios. Finalmente, también los Ayuntamientos tienen la obligación de ejecutar las inversiones necesarias.

Control Social. Finalmente, el acuerdo establece nuevos mecanismos para asegurar el "control social" del recurso, con transparencia y "participación ciudadana efectiva", previstas en la Convención de Aarhus, en la normativa europea (Directiva 2003/35/, de 26 de mayo de 2003), y en la española (Ley 27/2006, de 18 de julio).

Un “REGULADOR” nunca está diseñado para la garantía jurídica del operador sino para garantizar la calidad del servicio público. Además debemos recordar que la DMA no señala que el agua ha de ser gestionado como "un bien económico escaso de creciente valor" sino más bien, y tal como señala la Directiva Marco del Agua, teniendo en cuenta que  “el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”

Eliminación del Canon concesional porque favorece la especulación e incluso es una puesta abierta a la corrupción

Muchos creemos que si la legislación simplemente prohibiera que los cánones concesionales se utilicen para fines distintos al simple enjuague de las cuentas municipales (p.e a la mejora de las infraestructuras hidráulicas) los procesos de privatización serían en España algo muy residual. No hacer esto es fomentar una burbuja hídrica basada en la utilización de la tarifa del agua como mecanismo de recaudación no transparente para financiar a los municipios y cuyo resultado no muy lejano será la ausencia de inversión en la gestión del ciclo urbano lo que conducirá a su insostenibilidad y, quizás, a su posterior rescate público, para volver a garantizar el “agua-vida”.

Paralelo a la creación de un nuevo modelo de gestión del agua hay que poner freno a la visión especulativa del agua en el Estado. En España no se privatiza el agua para buscar la eficiencia, sino porque es un negocio seguro en el que no hay competencia y donde, además, el alcalde va a obtener un préstamo que él va a poder utilizar para “enjuagar las cuentas municipales”. El dinero que se destina al agua (y que va a consistir en dejarle a una empresa privada más de 25 años de concesión), se oculta tras ese préstamo a un solo alcalde que va a tener unas elecciones muy vanas, que va a poder pagar determinadas nóminas política y que va a poder hacer unas cuantas rotondas más dentro de su pueblo: eso es lo que estamos debatiendo; eso y entregar, a dos grandes multinacionales, el control de un recurso tan vital para la vida como es el agua.

El canon concesional es absolutamente indecente y debería estar perseguido. El canon es también una puerta a la corrupción. En estos momentos distintos Ayuntamientos de El Estado como Nava, Pola de Siero, Pravia, Cangas de Narcea, Tineo, Avilés, Oviedo), A Coruña (Arzúa, Oroso, Ortigueira, Santiago, Valdoviño, Cedeira, Bergondo, Padrón, Betanzos), Pontevedra (Ponte Caldelas, Pontevedra), Lugo (Chantada, Ribadeo) y Ourense (Punxín, Barbadás, Ourense) están siendo investigados por casos importantes de corrupción y agua. La jueza instructora de la denominada “trama del Aquagest” ha resaltado que los directivos de la concesionaria privada “han urdido un plan organizado y preconcebido destinado a saltarse las barreras de las Administraciones Públicas”.

Casos similares llevaron a Francia a prohibir el canon concesional a través de la denominada Ley de Transparencia y Anticorrupción. Que prohíbe estos canones, crea indicadores de gestión y un regulador que supervisa la calidad de los servicios.

Acciones para ayudar a que el agua vuelva al grifo público

En este sentido creemos que sería importante crear un servicio dependiente de l Ministerio de Medio Ambiente capaz de auxiliar a los entes locales que se encuentran en esta situación. Este servicio, entre otras cosas debe contemplar la creación de una central de compras comunes; espacios para el desarrollo formativo.

El Estado debería de crear un “Manual Técnico de Remunicipalización” para que los municipios conozcan las posibilidades reales de esta opción.

Paralelamente es necesario impulsar de forma decidida la creación de los Entes supramunicipales del agua establecidos por la Ley de aguas para España, esto podría suponer el mayor impulso para la gestión pública del agua en España que ha habido nunca.

Actuaciones para Planificar de forma responsable

El proceso de renovación de la política de aguas en España (2000‐2014) resulta frustrante. En la primera generación de planes hidrológicos no hubo ocasión para la innovación debido a la premura final para aprobarlos antes de agotar su periodo de vigencia teórico (2015), manteniendo en líneas generales la orientación de los planes (de 1998) anteriores a la DMA. En este sentido si queremos un cambio de rumbo se deberán tomas las siguientes medidas:

  • a) condición imprescindible de partida: fortalecer el compromiso político con los objetivos de la DMA, claridad de objetivos y liderazgo en cada uno de los niveles de la Administración responsable;
  • b) consolidar un equipo técnico especializado de calidad, experimentado y con los recursos suficientes;
  • c)Fortalecer los mecanismos de participación social y garantizar que los resultados de la participación se van a integrar en las decisiones finalmente adoptadas (en el programa de medidas y en el PHC) y asumir el compromiso de devolución de resultados a los agentes sociales participantes.

Soluciones a la Depuración 

Es urgente promover un plan de inversiones en saneamiento y depuración. Promover inversiones y crear puestos de trabajo en la construcción y gestión de depuradoras de aguas residuales.

Las empresas privadas quieren participar de este proyecto por lo que, según un informe y defienden que la mejor opción es la privatización (o la colaboración con el sector público).

Sin embargo, numerosos informes o experiencias cuestionan la participación del sector privado en un plan donde, según defienden, no debe haber más beneficios que el medioambiental y la creación de puestos de trabajo. “El agua y el saneamiento es un derecho humano y no una mercancía, como aprobó el Parlamento europeo recientemente. Los expertos advierten de:

Hay “riesgos” en la incorporación de entidades privadas a infraestructuras de depuración. En este sentido, alertan de que las empresas están interesadas en grandes instalaciones porque suponen mayor beneficio a menor coste. Sin embargo, tal como sostuvieron los propios representantes institucionales no son las más adecuadas para los municipios que se beneficiarán del plan, de menor tamaño que las grandes ciudades, que ya cuentan con estas instalaciones.

También alertan de que las empresas privadas, cuando el negocio falla, tienden a endosar el problema a la Administración. Y ponen de ejemplo a las autopistas de peaje sobre las que no se han cumplido las expectativas de uso.

Al mismo tiempo, aseguran que la búsqueda de un mayor beneficio suele generar políticas de ahorro en mantenimiento de unas instalaciones muy sensibles que terminan pagando los usuarios y sus municipios. En algunos pueblos, las empresas concesionarias se han beneficiado de la construcción de nuevas instalaciones por el abandono intencionado de las existentes.

Por último, creen que la norma establece que la ley de Régimen Local otorga las competencias de suministro, alcantarillado y tratamiento a los municipios, por lo que no entienden que éstas se privaticen.

La única opción posible, según los expertos y las asociaciones presentes, son los acuerdos de colaboración Público-Público ya que los operadores públicos tienen capacidad financiera suficiente para ejecutar el plan y garantizan que el objetivo final es el ciudadano y no los intereses de una empresa o grupo de empresas.

La financiación está clara, procede del canon de depuración, que solo se puede destinar a estas infraestructuras. Además, sería la garantía ante cualquier entidad financiera, dado que los recibos del agua tienen una garantía de cobro de entre el 99% y el 97%.

Como las empresas públicas del agua obtienen más de la mitad de sus ingresos de fuentes de mercado, es decir, de los usuarios, no computan como entidades públicas a la hora de establecer el déficit, por lo que no añadirían números rojos a las cuentas municipales ni autonómicas.

"Hace falta un plan de actuaciones", no entendemos cómo en la situación de crisis que atraviesa el país no se ha puesto en marcha el programa de inversiones. "Incluso la patronal lo apoya, entre otras cosas porque supondría la consolidación de las empresas tecnológicas ".

Soluciones a la Pobreza Hídrica

Hay que apostar por estrategia global de derecho universal del agua para toda la ciudadanía desde la prestación pública del servicio. Por ello hay que aplicar los criterios de la Iniciativa europea ciudadana el “agua es un derecho y no una mercancía” a todas las escalas legales (Unión Europea, Estado español, Autonomía andaluza y ayuntamientos). Es necesario aprobar un Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Inclusión Social, que prevea la aprobación de un Plan Extraordinario de Solidaridad para atender tanto los suministros mínimos vitales (agua y electricidad) como las necesidades urgentes y básicas de personas, familias y colectivos que necesitan una protección especial.

También creen fundamental la creación de un articulo legal dentro de la Ley de Aguas que reconozca el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento ( como prohibir los cortes, asegurar un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado), también debe aumentar la información a las personas usuarias y contratantes del suministro, fortalecer las garantías en materia de reclamaciones y apostar por un servicio de atención al ciudadano gratuito.

Finalmente algunos colectivos solicitan entienden que las tarifas de agua son 'tasas', que "nos las están cobrando como precios privados, eludiéndose la normativa tributaria y sin dar debida cuenta del dinero recaudado". Entiende, en este sentido, que la tasa supone una mayor garantía para los ciudadanos y una protección frente los cortas el agua para las personas con dificultades económicas. Ante este debate, no cerrado, se solicitó a las administraciones que realicen un estudio jurídico sobre la cuestión.

El defensor del pueblo andaluz, en el informe anteriormente citado, reclama que se establezca el derecho a “recibir de forma gratuita un suministro mínimo vital cuando su situación económica así lo requiera, prohibición de los cortes a quienes estén en situación de pobreza y ayudas a quienes no puedan pagar el consumo extra que no se garantice con el mínimo vital. Mínimo vital que ya algunas ciudades de gestión pública como Córdoba están aplicando.

Pacto Social Por el Agua

Desde el año 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de la resolución A/RES/64/292, reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento como Derecho Humano esencial. Como tal, su acceso debe ser garantizado a todas las personas.

El pasado 8 de Septiembre, el pleno de la Eurocámara ha respaldado la iniciativa ciudadana 'Right2Water', que busca garantizar el derecho al agua para todas las personas y la trasposición a la legislación de los estados miembros del derecho humano al agua y al saneamiento, dejando claro que el agua no debe de tratarse como un bien comercial. Así, el agua se queda fuera de los acuerdos de libre comercio (TTIP) y de las normas del mercado interior, y se hace un llamamiento a la Comisión para que deje de impulsar su privatización.

En aplicación de este derecho humano, la gestión del suministro del agua debe guiarse mediante criterios de equidad social sobre la base de los principios de igualdad, no discriminación y justicia social. Para ello resulta fundamental, entre otras cuestiones, garantizar una dotación mínima y el compromiso de no efectuar cortes por razones económicas o administrativas. Igualmente, el agua y sus ecosistemas asociados son bienes comunes que no pueden de ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados.

En este sentido, desde hace varios meses diversas organizaciones y plataformas de la sociedad civil de todo el estado vienen reclamando la necesidad de blindar el suministro de agua ante los intereses de las empresas privadas por hacer negocio con este servicio, así como un cambio de modelo de gestión del agua urbana para que sea pública, democrática y participativa. Para ello, desde la sociedad civil se consideró necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), en el que se definen y acuerdan los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social.

El pacto cuenta con más de 300 organizaciones sociales, organizaciones ecologistas, académicas, sindicales y operadores de agua y saneamientos en distintos municipios del país, y persigue tres objetivos generales. El primero es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en muchos municipios, donde anticipan fondos que los ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua. La tercera, e imprescindible, impulsar un modelo trasparente y participado.

El Pacto ya se está llevando y aprobando en muchos municipios como Málaga, Gijón, Compostela, Huelva, Sevilla o los parlamentos Asturiano, Catalán y Andaluz pero creemos que se debe de adoptar por el Gobierno Central y esta ley debería afrontar de manera clara el problema de la fallas en la regulación del sector urbano. Para ello creemos que se debe realizar una Ley del agua urbana (en colaboración con los municipios) basado en 8 puntos básicos:

Demandas Concretas

  • Reconocimiento del derecho al agua como una condición inexcusable para la erradicación de la pobreza hídrica. Instar a las modificaciones legislativas pertinentes o desarrollos reglamentarios necesarios que aporten soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica. En este sentido resulta esencial prohibir los cortes de agua domésticos para aquellos colectivos que no pueden hacer frente a su pago, así como asegurar un abastecimiento mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado.
  • Rescate. Crear un servicio dependiente del Estado central dedicado a auxiliar a los entes locales que quieran iniciar procesos de remunicipalización del servicio del agua. Rechazo a los procesos de privatización de la gestión del agua en Andalucía, por ser un modelo más gravoso para la ciudadanía, medioambientalmente insostenible, escasamente transparente, excluyente y que provoca una absoluta pérdida de control por parte de las administraciones públicas sobre la gestión de este servicio básico.
  • Desarrollo de Planes de Depuración que contemplen el desarrollo de programa de financiación público-público. Establecimiento de acuerdos de colaboración con los operadores públicos de agua que conlleve la adopción de un plan que promueva inversiones urgentes en saneamiento y depuración para la culminación de las obras de interés de saneamiento y depuración contempladas en el Plan de Calidad de las Aguas. En el convenio se encomendará a las Sociedades Gestoras Públicas la realización de determinadas infraestructuras de depuración de interés y se determinarán las modalidades y formas de contratación de infraestructuras, así como el grado de implicación de cada una de las partes en el inicio, control y desarrollo del expediente de contratación, sin que el papel de los entes locales pueda verse reducido, de plano, a una mera subrogación en un contrato licitado por el Estado.
  • Adhesión al Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015) en el que se definen y acuerdan los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social.
  • Rechazó al recién aprobado real decreto sobre autoconsumo, una regulación eléctrica (RD 900/2015) que se ha ido retrasando durante toda la legislatura y que incluye el llamado impuesto al sol. La normativa es un obstáculo al desarrollo de las energías limpias y supone una dependencia exclusiva de las reglas que nos imponen las actuales empresas eléctricas.
  • Creación de un órgano de regulación que garantice un servicio eficaz y justo. El órgano tiene que tener el personal adecuado para llevar esta función y legalmente, tiene que tener capacidad sancionadora en caso de incumplimientos de los contratos. En este sentido, nos negamos a una “teatralización” de la regulación que otros actores demandan para impedir que afloren instituciones capaces de garantizar un servicio de calidad.
  • Reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido en la factura cuando no exista beneficio industrial (caso del modelo público).
  • La eliminación del denominado canon concesional que permite vender el agua para enjuagar las cuentas municipales y especular con el agua.
 

El mínimo vital de agua beneficiaría a 310.000 andaluces con dificultades Leer más: El mínimo vital de agua beneficiaría a 310.000 andaluces con dificultades http://www.larazon.es/local/andalucia/el-minimo-vital-de-agua-beneficiaria-a-310-000-andaluces

 

El mínimo vital de agua beneficiaría a 310.000 andaluces con dificultades

«La Junta pagará el recibo de la luz y el agua a quienes cobren el salario social». Más de dos años han transcurrido desde el anuncio realizado por el entonces vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. El objetivo era establecer, mediante Decreto-Ley, un mínimo vital de 100 litros de agua al día –tres metros cúbicos al mes– y 1.400 kilowatios al año de luz. Su coste se cifró en 20 millones de euros, pero la medida cayó en el olvido tan pronto como la presidenta, Susana Díaz, desacreditó a su segundo. Actualmente, son más de 77.000 personas las que se benefician de esta paga de 402 euros, que puede incrementarse hasta los 648 euros en función de los miembros de la unidad familiar y el avance en este sentido ha sido prácticamente nulo a nivel regional: solo una moción a propuesta de IU aprobada en octubre que defiende el acceso al agua como derecho humano. Intenciones, muchas; realidad legislativa, ninguna pese a la petición expresa del Defensor del Pueblo realizada en diciembre tras entregar un informe especial sobre pobreza hídrica.

«Dar trabajo a todo el mundo es muy complicado, pero proporcionar luz y agua es muy fácil», asegura Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). Su propuesta, que ya aplican ayuntamientos como el de Medina Sidonia (Cádiz) desde 2014 o Córdoba –la aprobó en diciembre– pasa por reducir el beneficio de las compañías, ya sean públicas –el 47% en Andalucía– o privadas. «El mínimo vital lo calculamos en torno al 0,82% de nuestra facturación y repercutiría en el 3,7% de los abonados. Es una medida muy fácil de llevar a cabo que en países de nuestro entorno ya se está cumpliendo», defiende. Su modelo es la ciudad de París: la gestión del agua fue remunicipalizada y los cortes están prohibidos. Hay una ayuda social y un fondo de solidaridad de la empresa pública para hacer frente al consumo mínimo. Ese porcentaje del 0,82% que señala Aeopas supondría para una empresa de capital mixto como Emasagra (Granada), cuyos beneficios alcanzaron el pasado año los cuatro millones de euros –medio millón más que el ejercicio anterior–, unos 32.000 euros que garantizarían agua para los abonados que no pueden pagarla. Medina Sidonia fue un municipio pionero en este sentido, creando un fondo social financiado íntegramente por la empresa pública de aguas para familias en riesgo de exclusión social que lo justifiquen con un informe de los Servicios Sociales municipales. Durante el año pasado, 41 familias sin ingresos se acogieron a ella; otras 61 llegaron a acuerdos para fraccionar sus recibos, según su alcalde, Manuel Fernando Macías.

Aeopas ha remitido la misma propuesta a todos sus socios, que ahora debe ser aprobada por los consejos de administración. Las estimaciones realizadas auguran que repercutiría en 155.000 andaluces –310.000 si se contabiliza a toda la ciudadanía independientemente de la naturaleza de la gestora de aguas, que se reparten el abastecimiento de la población al 50% –.

Los beneficios de las compañías aumentan cada ejercicio: Emasesa (Sevilla), por ejemplo, cerró 2015 con un resultado positivo de 8,9 millones de euros, cuatro más que el año precedente; los de Emacsa (Córdoba) superaron los siete millones; en el Campo de Gibraltar, Argicsa, que también gestiona residuos, alcanzó los 4,1 millones.

Lo más complicado, asegura Babiano, es disponer de datos fidedignos. Tampoco el Defensor del Pueblo los maneja y por ello no pudo incluirlos en su informe especial «Servicios de suministro de agua: garantías y derechos», entregado en diciembre al Parlamento andaluz. Fuentes del Defensor sitúan en una media de veinte las quejas al año referidas a esta causa desde que comenzó la crisis. Entre ellas, recibió escritos por la actuación de la empresa de Linares (Jaén), que en 2014 envió 5.675 cartas de preaviso y realizó 2.747 cortes de suministro. «En España los desahucios hídricos ni siquiera constan en ningún registro estadístico, son invisibles», lamenta Babiano. El último informe de Cáritas sobre exclusión y desarrollo social señalaba que uno de cada cinco andaluces había recibido avisos de corte de luz, agua o teléfono, siete puntos por encima de la media nacional. Si se atiende a las personas en riesgo de exclusión, la cifra alcanza a uno de cada dos.

Una encuesta realizada por Aeopas a operadores de agua en las capitales andaluzas revelaba que en un año sufrieron cortes de agua entre 9.243 familias en la ciudad con mayor incidencia y 800 en la que menos. Unos datos referidos a 2014 que Babiano advierte que son proporcionados «voluntaria y anónimamente» por cada compañía.

A nivel nacional, se produjeron 500.000 avisos de corte de agua, de los que se ejecutaron 300.000.

Las cifras que maneja la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) –donde se integra la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos andaluza (ASA-Andalucía)– reduce a 2.400 los cortes anuales en hogares españoles por «errores» a potenciales perceptores de ayudas. «Normalmente se subsanan y se les restituye el servicio en cuanto la Administración competente se da cuenta de que esa persona tiene incapacidad de pago debidamente justificada», explican desde AEAS y puntualizan que «representan el 0,012% de los 20 millones de contratos que hay en España».

La asociación de saneamiento destaca que actualmente se benefician de ayudas el 1,2% de usuarios (unos 200.000 contratos); sobre Andalucía, aseguran no disponer de cifras concretas. En nuestra comunidad, el 47% de las gestoras del servicio de agua son públicas; el resto, operan mediante concesiones. Aqualia –propiedad de FCC–, Hidralia (Agbar) o Acciona Agua son algunas de las principales empresas.

AEAS concluye en su informe «Sostenibilidad social en el sector del agua» que se debe «garantizar el derecho humano al agua: debe ser asequible, no gratuita». Desde Aeopas, consideran que debe serlo para quien no puede asumir su coste. Los ayuntamientos y sus empresas municipales son quienes están dando los primeros pasos. Eso sí, con cuentagotas.



Leer más:  El mínimo vital de agua beneficiaría a 310.000 andaluces con dificultades  http://www.larazon.es/local/andalucia/el-minimo-vital-de-agua-beneficiaria-a-310-000-andaluces-con-dificultades-KF12425395?sky=Sky-Abril-2016#Ttt1B5KjAMlsWPuC
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Presentación de la campaña “Tú ciudad unida por el Agua”.

El Día Mundial de Medio Ambiente que se celebra anualmente el 22 de marzo. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este día para generar conciencia en la población mundial sobre la importancia del agua para la vida, para el ser humano y para el planeta.

 

En este día se crea una campaña de concientización sobre el agua, se pretender generar en las personas un sentimiento mediante el cual se cuide el agua, no gastándola de forma innecesaria y conservemos la calidad de todas las masas de agua.

 

En este sentido, siguiendo la misma línea de otros años, la Asociación de Operadores Públicos del Agua (AEOPAS) ha diseñado una campaña para fomentar en los escolares su interés por la ciencia y más concretamente por las problemáticas medioambientales y socioeconómicas que tiene que ver con el mundo del agua. Así, estas actividades tendrán que ver con:

 

1   Conocimiento de la importancia del agua como recurso natural, vital, escaso y vulnerable. Importancia de la relación del agua y el hombre a través de sus usos, tratamiento, medio de transmisión de enfermedades, el agua como medio de vida en la naturaleza, etc.

 

2   Difundiendo que el Agua es un Derecho humano reconocido por la ONU

 

 

3   Reparto de material educativo a profesores y alumnos para la preparación de la unidad trasversal del agua en la asignatura de Conocimiento del medio.

 

4   Realización de talleres sobre la calidad del agua, prácticas de laboratorio para escolares, juegos de sensibilización ambiental, etc.

El  objetivo fundamental es mostrar a la sociedad su responsabilidad en una parcela muy importante de la gestión del agua, como es la que tiene que ver con la concienciación, sensibilización, desarrollo y buenas conductas en el uso del agua, demostrando siempre una actitud respetuosa con el medio ambiente.

La campaña, que arranca  en marzo las semanas anteriores y posteriores al Día Mundial del Agua, se realizará en más de 100 colegios de diferentes comunidades autónomas como Madrid, Galicia, Canarias, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Valencia y Asturias.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Pacto Social del Agua aprobado en el pasado mes de diciembre de 2015 en el municipio, que contempla puntos dirigidos tanto a la sensibilización ciudadana y fomento de las buenas prácticas en el uso del agua como a proyectos de cooperación en zonas de fuerte carestía de este recurso.

La campaña permite la colaboración en la protección y mejora de medio ambiente así como en la divulgación, educación y participación pública en materia ambiental. Desde AEOPAS queremos subrayar la importancia del día y así, todas aquellas personas o entidades que lo deseen pueden sumarse a la iniciativa a través de su página web; o colaborar más estrechamente con la iniciativa como, por ejemplo, trabajando en los colegios a través del material educativo que se puede descargar o solicitar a AEOPAS. 

CCOO y AEOPAS piden que se garantice el derecho al agua y exigen a la consejería más inversión y empleo en el sector

La secretaria de Salud Laboral y Medioambiente de CCOO de Andalucía, Nuria Martínez, ha puesto el acento en la precarización de las condiciones laborales que se está dando en el sector y la necesidad de garantizar empleos de calidad. El responsable en Andalucía de AEOPAS, Luis Babiano, ha insistido en que los cánones concesionales están sirviendo para engrosar los beneficios de las empresas concesionarias en lugar de para mantener y mejorar las infraestructuras hidráulicas.

 

 

En octubre el Parlamento andaluz aprobó una moción que defiende el carácter de suministro como derecho humano, en línea conla Declaraciónde Naciones Unidas y con la primera iniciativa ciudadana europea ‘“El derecho al agua y al saneamiento como derecho humano’, promovida por CCOO, AEOPAS, y más de 20 organizaciones de diferente índole, que consiguió recoger más 1,6 millones de firmas. “Gracias a la presión social realizada con esta iniciativa se consiguió que el agua finalmente no se incluyera en la directiva europea sobre concesiones, que hubiese permitido la privatización del suministro del agua en toda Europa, y no solo de la gestión como ocurre en la actualidad”.

 

No obstante, en Andalucía aún hay miles de personas que no pueden acceder con garantías plenas al agua y se recurre a los cortes de suministro en la mayoría de los casos de impago sin buscar alternativa posible para las familias.

 

Para la responsable de Salud Laboral y Medioambiente de CCOO Andalucía, Nuria Martínez , “en el ámbito andaluz resulta urgente modificar la normativa para que se prohíban los cortes de agua domésticos para aquellas familias que no pueden pagarla, asegurar un abastecimiento mínimo por persona y día en caso de impago justificado, asegurar la calidad del agua y del servicio y homogeneizar las tarifas de forma que se impida las subidas abusivas de precios que venimos sufriendo en algunas provincias”.

 

Por su parte, el gerente y responsable en Andalucía de AEOPAS, Luis Babiano, ha vuelto a denunciar que “los cánones concesionales están sirviendo para engrosar los beneficios de las empresas concesionarias cuando éstos deben ser finalistas y servir para el mantenimiento y mejora de las infraestructuras hidráulicas”. “Sin duda, -añade-, esto forma parte del modelo de privatización de la gestión del agua en Andalucía, modelo más gravoso para la ciudadanía, medioambientalmente insostenible, escasamente transparente, excluyente y que provoca una absoluta pérdida de control por parte de las administraciones públicas sobre la gestión de este servicio básico”.

 

Por otra parte, Martínez ha puesto el acento en la precarización de las condiciones laborales que se está dando en el sector y la necesidad de garantizar empleos de calidad y la subrogación de todas las personas trabajadoras en los procesos de remunicipalización que se den en consecuencia, mientras que Babiano ha insistido en que es preciso que se adopten “planes de inversiones urgentes en saneamiento y depuración con los operadores públicos de agua para la culminación de las 300 obras de interés de saneamiento y depuración que Andalucía precisa para cumplir con las directivas europeas”.

 

Ambas organizaciones solicitan ala Consejeríade Medioambiente que “promueva inversiones de 638 millones de euros y cree 3.149 puestos de trabajo en la construcción y gestión de depuradoras de aguas residuales”.

 

“Desde CCOO y  AEOPAS creemos imprescindible abordar los cambios normativos necesarios para asegurar todo lo anterior y que se garantice el derecho humano al agua ya que se encuentra directamente relacionado con la calidad de vida de la ciudadanía. Andalucía tiene que ser vanguardia de las políticas sociales y ambientales de nuestro país”, han apostillado.

 

Sin agua

Andalucía junto a Cataluña lideran la defensa del derecho humano al agua en España, con la aprobación de iniciativas legislativas populares que garanticen un suministro básico. Se calcula que a 45.000 personas se les han cortado suministros básicos como el agua o la luz por no poder pagar los recibos

 

Fuente: EL CORREO DE ANDALUCIAPginas de prensa 20160228

27 FEB 2016 / 22:09 H
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