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AEOPAS, entre los miembros del Consejo de Administración de Aqua Publica Europea

El pasado 15 de octubre en París, alrededor de 60 personas asistieron a la Asamblea General de la Asociación Aqua Publica Europea (APE), de la que forma parte la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).  Los asistentesm también participaron en la conferencia sobre Agua y Clima organizada por APE y Eau de Paris, que se celebró al día siguiente en el ayuntamiento de la capital francesa.

Este año, la Asamblea ofreció la oportunidad de presentar a tres nuevos miembros: Scottish Governement - Scottish Water, Padiana Acque y Aquafladers. Asimismo, se llevaron a cabo las elecciones bianuales para la renovación del Consejo de Administración, al que accedieron algunos nuevos miembros y que volvió a nombrar al secreatario general de AEOPAS, Jaime Morell, como consjero. La Asamblea también agradeció a los miembros salientes su compromiso con el trabajo de APE. (Encontraréis la lista de los nuevos miembros del Consejo de Administración aneja a este correo).

Al presentar el informe de actividades de APE de 2014, la Secretaría señaló los logros significativos en lo que respecta tanto a la participación en los órganos de toma de decisiones internacionales (en particular, los grupos técnicos de la Comisión Europea) y la capacidad de posicionamiento, y destacó el papel desempeñado en relación a la Iniciativa Europea Ciudadana "Right2Water " (el informe de actividades se encuentra adjunto a este correo).

La Asamblea también fue la ocasión para llevar a cabo reuniones de los grupos de trabajo (Tarificación, Rendimiento, Comunicación y Cooperación Internacional). Durante la Asamblea, los coordinadores de los Grupos de Trabajo resumieron el debate de las reuniones celebradas esa misma mañana y presentaron las futuras actividades previstas. En base a esas contribuciones, tuvo lugar una discusión animada entre los miembros presentes en la que se debatió sobre las futuras prioridades y la misión de los servicios públicos de agua.

 

 

Al día siguiente , una amplia audiencia de más de 150 personas, entre ellas representantes institucionales, expertos, ONGs, grupos de interés ambientales y también particulares, se reunieron en ayuntamiento de París para asistir a la conferencia sobre "Agua y Clima – Proteger los recursos hídricos para mitigar el cambio climático", organizada por APE y Eau de Paris.

La conferencia, dividida en dos sesiones, incluyó oradores de alto nivel provenientes de organizaciones internacionales (OCDE, IWA ), organizaciones no gubernamentales (Food and Water Watch), institutos de investigación (CIHEAM , UNESCO), operadores públicos de agua (Nueva York , Augsburg, ONEE Marruecos) y políticos nacionales y europeos. El evento consiguió demostrar la importancia de proteger los recursos hídricos para mitigar el cambio climático.

Asimismo, la conferencia ofreció la oportunidad de demostrar el compromiso de los miembros de APE con la protección de los recursos hídricos. En este sentido, al final del evento, se presentó una publicación que recopila una serie de mejores prácticas de los miembros de APE en este campo. Esta publicación también describe las fortalezas del modelo de gestión pública y su éxito al garantizar la protección a largo plazo de los recursos hídricos. Sobre esta base, se proponen una serie de recomendaciones políticas dirigidas a las instituciones europeas e internacionales.

 

Podéis leer el informe completo de la conferencia en la página web de APE:

Accede a los nombres de los miembros del Consejo de Adminsitración de APE

 

AGUA-RIBA organiza una Jornada para la presentación de la “Guía para la incorporación de la Gestión Sostenible del agua en áreas urbanas”

El Proyecto de I+D+i denominado AGUA-RIBA organiza una Jornada para la presentación de la “Guía para la incorporación de la Gestión Sostenible del agua en áreas urbanas” que se celebrará el próximo 27 de octubre en la sede de EMASESA (Escuelas Pías, 1 – Sevilla).  
 
Este proyecto que lleva a cabo la Consejería de Fomento y Vivienda en la Universidad de Sevilla ha estudiado los sistemas de gestión sostenible del ciclo del agua en la rehabilitación integral de las barriadas de Andalucía.  
 
El equipo de investigación de Agua-Riba lo componen miembros de tres grupos de la Universidad de Sevilla: GIEST (Grupo de Investigación Estructuras y Sistemas Territoriales); Grupo TAR (Tratamiento de Aguas Residuales) y TEP-130 (Arquitectura, Patrimonio y Sostenibilidad), además de AEOPAS (la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua) y otros consultores independientes.  
 
Puedes descargarte la Guía Aqua-Riba, pincha aquí.  
 
Es necesario realizar inscripción previa a través de este formulario. 

Un grifo, un derecho

El acceso a este recurso básico y a saneamiento adecuado es un derecho humano

Pese a los esfuerzos internacionales para garantizarlo, millones carecen de ellos

 
fuente: el paÍS.  Valencia 29 JUL 2015 - 17:13 CEST
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MARÍA JOSÉ DURÁN

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El agua es un bien escaso y se ha convertido en un recurso estratégico tan valioso que en algunos países han llegado a producirse conflictos armados por lograr su control. Pese a los compromisos internacionales por mejorar esta situación, en pleno siglo XXI, 663 millones de personas en el mundo siguen sin tener acceso a agua potable, declarado Derecho Humano en 2010. “Se teme que el problema sea más grave de lo que se estima. Tener un grifo cerca de tu hogar te contabiliza como persona con la que se ha cumplido el objetivo de acceder al agua, aunque tengas que recorrer kilómetros hasta llegar a él. No se tiene en cuenta su calidad, cuántas horas al día funciona o cuántas tienes que esperar diariamente para obtenerla”, explica Moisès Subirana, técnico de la campaña de agua de la ONG Ingeniería sin Fronteras. Pobreza, intereses empresariales y gobiernos inestables han hecho que, además, 2.500 millones de personas no tengan acceso al saneamiento y 1.000 niños mueran cada día por enfermedades de transmisión hídrica según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef.

En 1990, la OMS y Unicef comenzaron a monitorizar el acceso a agua y saneamiento en el mundo. En aquel momento, 1.300 millones de personas no disponían de él, casi la mitad de la población mundial carecía de letrinas mejoradas y el 25% de los habitantes del planeta defecaba al aire libre. En el año 2000, la ONU firmó los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los que se comprometía reducir estas cifras a la mitad para 2015. Esta fecha límite ha llegado y, aunque la mayoría de países han cumplido su promesa, todavía estamos muy lejos de cumplir el objetivo global en saneamiento en vista de los datosdel informe final de las dos organizaciones publicado el en junio de este año.

En 2010, según el documento, el objetivo de acceso al agua ya estaba cumplido y el 77% de la población mundial disponía del recurso. En 2015, la cifra alcanza el 91%, según la ONU. Pese al optimismo que pueden infundir estas cifras, los datos en materia de saneamiento están muy lejos de alcanzarse. En el informe final de la OMS se estima más de un tercio del planeta sigue sin poseer instalaciones mejoradas (cuando debía ser menos de la cuarta parte) y, de ellas, 946 millones continúan defecando al aire libre (cuando debían ser 750).

Los mayores problemas están, cómo no, en los países en vías de desarrollo. La región más afectada del mundo es África Subsahariana, que no ha podido cumplir ninguno de los dos objetivos: cerca del 50% de las personas sin agua limpia en el mundo vive en esta región y el número de personas que no tiene retretes adecuados en esta zona representa casi un tercio del total mundial. En esta área, según datos de la OMS, la defecación al aire libre no solo no se ha reducido en las últimas décadas, sino que ha aumentado por el crecimiento de la población y un desarrollo insuficiente. Asia es la segunda zona más afectada, ya que el 39% de las personas sin agua segura y el 61% de las personas sin letrinas vive en este continente. Pese a la rotundidad de las cifras oficiales, la relatora especial de Naciones Unidas para el agua y saneamiento, Catarina de Albuquerque, las ha puesto en duda porque la debilidad de los indicadores y la ambigüedad de los datos hacen pensar que las cifras reales son aún menos halagüeñas.

El acceso a ambos recursos es muy desigual en zonas urbanas y rurales. La ONU asegura que el 80% de las personas sin agua potable vive en el campo, igual que el 70% de quienes no disponen de saneamiento y el 90% de quienes todavía defecan al aire libre.

“La falta de agua no es problema de escasez, porque las personas viven en espacios donde hay una mínima disponibilidad. El problema es que la calidad de estas fuentes no es suficiente”, explica Moisès Subirana, miembro de Ingeniería sin Fronteras. Uno de los principales escollos para mejorar la calidad es evitar la contaminación biológica. El consumo de agua con bacterias y virus patógenos procedentes de la contaminación fecal supone un problema casi tan grave como la falta de acceso a recursos limpios. Según los últimos datos de Unicef, 1.000 niños mueren cada día en el mundo por enfermedades de transmisión hídrica. La instalación de letrinas y la normalización de su uso son los objetivos principales para conseguir controlar enfermedades como la diarrea, el cólera o la hepatitis, con las que podrían evitarse más de 840.000 muertes anuales, según la OMS.

Unas mujeres cargan agua en Mauritania

Unas mujeres cargan agua en Mauritania / FRANCOIS LENOIR (ACH)

Andrés Hueso es experto en saneamiento en la ONG británicaWater Aid, que desde 1981 desarrolla proyectos de cooperación en materia de agua en 37 países. “Históricamente, el trabajo en saneamiento ha estado centrado en las infraestructuras pero no en la concienciación, que es la clave para que la gente las utilice ahora y en el futuro. En muchas escuelas de todo el mundo no hay letrinas ni acceso al agua y a la edad en la que adquieres los hábitos no tienes el recurso. Eso es una limitación, especialmente para que las niñas aprendan hábitos de higiene”, precisa.

El 42% de los centros de salud en África no tienen acceso a una fuente de agua a menos de 500 metros. Hueso explica que una de las claves sobre las que incide su organización por las graves consecuencias que tiene para el contagio de enfermedades es que en las consultas médicas muchos profesionales no puedan ni siquiera lavarse las manos. La OMS estima que establecer hábitos de higiene básicos en mujeres embarazadas y lactantes podría reducir un 25% la mortalidad de madres y neonatos.

La industria empeora el problema

Aunque la contaminación biológica es un factor de calidad de agua sobre el que las organizaciones trabajan de manera directa, deben lidiar con un problema mayor que se escapa a su control: la contaminación química industrial del agua.

La pobreza, la falta de legislación de protección al medio ambiente y la influencia que las grandes multinacionales ejercen sobre los gobiernos débiles cuya prioridad no es la defensa de los derechos de la población hacen que la lucha contra la contaminación industrial sea muy compleja.

El primer mundo no se libra

Las situaciones más graves de acceso al agua se dan en los países subdesarrollados pero el primer mundo no está exento de problemas con el agua. Unos problemas que hunden sus raíces en el sistema económico capitalista.

“Vivimos en una trágica paradoja: la crisis global del agua en el planeta azul”, afirma Pedro Arrojo, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua. La entidad, compuesta por expertos españoles y portugueses trabaja por un cambio en las políticas hídricas y contra la privatización de un recurso cuyo acceso es derecho humano.

“El agua ha entrado en la dinámica del mercado porque prima la visión neoliberal. Según esta visión, es el mercado quien debe regir la gestión de la vida pública, porque lo que no sea así, entorpece el progreso. Para conseguirlo, se ha impuesto el modelo francés, que acepta un criterio mercantilista: el agua es pública y las infraestructuras también pero los derechos concesionales de explotación son privatizados. Es decir, que el agua no es de las empresas gestoras pero es como si lo fuera porque pueden vender el derecho a usarla”, detalla Arrojo.

“En esta dinámica perversa, con el agua convertida en un bien económico, no tiene sentido hablar del acceso universal porque, si no pagas, como no es un derecho humano sino un bien comercial, se te corta el suministro y punto. La privatización transforma a la ciudadanía en clientela y cuando la clientela es pobre es expulsada”, critica.

La Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento, compuesta por entidades que promueven una gestión pública, participativa y solidaria del agua, calcula que en 2013 se tramitaron más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que al inicio de la crisis en 2007. De estos, un 60% fueron finalmente ejecutados con lo que, en 2013, 300.000 hogares en España se quedaron sin agua, según sus datos. La Organización Mundial de la Salud estima que cerca de un millón de personas en Europa no tiene acceso al agua potable.

La ONG Alianza por la Solidaridad ha lanzado el proyecto Tierrra para denunciar el “acaparamiento de tierras y de agua” de las empresas. La campaña ha destapado ya varios casos de abuso de los recursos por parte de grandes firmas de distintos sectores como el de la minería o la industria alimentaria.

“A partir de 2008, coincidiendo con la crisis de los alimentos, empezamos a ver que por mucha tubería que pusiésemos, mucha capacitación que hiciésemos y aunque formásemos a la gente, la cantidad y calidad del agua no mejoraba. Fue entonces cuando decidimos hacer investigaciones para ver cuál era el comportamiento de determinadas inversiones extranjeras de empresas que estaban llegando con un renovado interés por la agricultura y la generación de energía”, explica Almudena Moreno, coordinadora de la campaña.

El caso de la embotelladora de Coca-Cola en El Salvador es uno de ellos. La planta se trasladó a Nejapa en 1999 tras secar el acuífero en su anterior ubicación. Aunque los estándares internacionales así lo recomiendan, la empresa no ha hecho estudios de impacto ambiental y social de la planta ni tampoco ha cumplido su propio compromiso de reducir un 22% el uso de agua en la fabricación de sus bebidas”, detalla Moreno. “Por cada litro de Coca-Cola que fabrican, utilizan 2,5 litros de agua. El resto lo vierten a la naturaleza. Esto supone una amenaza para el derecho a este recurso de 30.000 personas en Nejapa y del 30% de la población de San Salvador que dependen de este acuífero”, precisa.

Tres años de lucha han sido necesarios para encontrar respuestas. Las movilizaciones sociales y las 4.000 firmas recogidas tras la denuncia de Alianza por la Solidaridad han conseguido que el Gobierno salvadoreño establezca una moratoria de un año en la explotación del acuífero para evaluar sus recursos y el impacto de las empresas. Durante este tiempo, no se emitirán nuevos permisos de explotación a la espera de conocer las reservas.

Pero, pese a los esfuerzos de los organismos internacionales para mejorar la legislación y las exigencias en materia de medio ambiente, las empresas siempre encuentran maneras de eludir responsabilidades.

“En Nicaragua hemos estudiado una empresa minera que es claro ejemplo que lo está ocurriendo en todas partes del mundo. A medida que las leyes ambientales y de protección de los trabajadores han ido en aumento, la empresa ha convertido a los trabajadores en autónomos, comprándoles el material que fabrican en las minas de oro. Por supuesto, extrayendo el oro con mercurio y sin ningún tipo de protección. De esta manera, la responsabilidad ambiental no es de la empresa sino de los propios trabajadores”, relata Moreno. “Al ser metales pesados, las comunidades no ven su toxicidad ahora sino a largo plazo y como es un recurso económico inmediato lo aceptan sin tener en cuenta los efectos posteriores”, cuenta la coordinadora de la campaña.

Alianza por la Solidaridad explica que “las inversiones pueden ser rentables pero deben ser responsables” porque, de lo contrario, los beneficios generados son solo para la empresa y no para las comunidades. “Pero claro, la deslocalización seguramente les sale mucho más rentable porque los condicionantes legales son mucho más bajos que los estándares europeos que les obligan a pagar estudios y mediciones. De forma que cierran fábricas aquí y las abren allí”, critica Almudena Moreno, responsable del proyecto.

Una mujer y su bebé posan junto a su nueva letrina en Anantapur, India. / LOLA HIERRO

Agua en situaciones de emergencia

En un contexto donde las prioridades políticas y económicas están por encima de las necesidades vitales, no es extraño que el agua sea motivo de conflicto. El control del agua sirve para subyugar a la población y ejercer presión sobre las comunidades. Organizaciones como Médicos sin Fronteras, cuya actuación se centra en conflictos y emergencias, lo saben bien.

El pasado mes de mayo, los sistemas de suministro de agua del campo de refugiados Denthoma 1 en Melut (Sudán del Sur) fueron boicoteados, dejando sin suministro a 20.000 desplazados que huyen de la escalada de violencia que se vive en la zona. Sudán,sumido en un conflicto desde diciembre de 2013, es uno de los países con menor acceso al agua y saneamiento del planeta. La ciudad de Melut es uno de los puntos más críticos y Médicos sin Fronteras (MSF) tiene instalado un hospital de emergencia para atender a miles de personas que huyen de la guerra.

MSF explica que durante la semana en que el equipo médico tuvo que ser evacuado de la zona por el recrudecimiento de los combates, el hospital de campaña fue destrozado, las farmacias saqueadas y el único sistema disponible para el suministro de agua, inutilizado. Diez de los depósitos principales tenían agujeros de bala, los tanques habían sido tiroteados y las válvulas habían sido bloqueadas con botellas de plástico para que el agua potable, si llegaba, no circulase. Durante tres días, los 20.000 habitantes habían estado bebiendo agua del Nilo directamente sin tratar.

“En las zonas de conflicto la población es muy móvil y las soluciones de acceso al agua son diferentes en relación con el tipo de asentamiento”, explica Cristina Imaz, responsable de Logística de la Unidad de Emergencias de Médicos sin Fronteras. “Donde la población es más móvil, como en Yemen, que escasea el combustible y el agua hay que extraerla de pozos, la llevamos con camiones porque, aunque pongamos otro sistema, al día siguiente la gente ya se habrá ido. En esos casos, el acceso continuo al agua es casi imposible”, explica. En asentamientos más estables, con campos de refugiados que pueden estar abiertos durante años, MSF instala sistemas de abastecimiento más definitivos que permitan el mejor suministro posible. Soluciones provisionales que, en muchas ocasiones se acaban convirtiendo en la única fuente de agua potable durante generaciones.

¿Hacia dónde vamos?

En septiembre de 2015, la Asamblea de Naciones Unidas se reunirá para renovar los compromisos y publicar los nuevos “Objetivos de Desarrollo Sostenible” con los retos a cumplir antes de 2030. Todas las previsiones apuntan a que el compromiso en materia de agua y saneamiento será lograr el pleno acceso para todas las personas del mundo. Al no haberse conseguido los objetivos para 2015, con 663 millones de personas que no tienen acceso a la primera y 2.500 millones sin acceso al segundo, el esfuerzo para conseguir el pleno acceso deberá ser mucho mayor. Naciones Unidas advierte ya de que, al ritmo de reducción actual, la defecación al aire libre no se eliminará para 2030.

“Con el escenario de cambio climático, lluvias más erráticas y un aumento del estrés hídrico en los países, el escenario no es muy halagüeño, sobre todo en las zonas rurales. Además, es importante priorizar el uso de agua para consumo doméstico frente al industrial. Si esto no se controla, especialmente en zonas rurales, junto al efecto del cambio climático, el panorama no es muy halagüeño”, explica Almudena Moreno, miembro de Alianza por la Solidaridad.

“La parte técnica no tiene tanta complejidad. Lo complejo es la parte institucional”, afirma Andrés Hueso, miembro de Water Aid. “Si los financiadores no establecen un plan y cada ONG va por separado, liamos a los gobiernos porque hay muchos pequeños proyectos que solo llegan a áreas muy concretas. Hay que ponerse a trabajar en la misma dirección y ese proceso deben liderarlo las autoridades públicas del país”.

Ingenieria Sin Fronteras explica que hará falta algo más que eso para conseguir que el pleno desarrollo sea real. “Las políticas de inversión en desarrollo deben cambiar porque ahora no dependen en primer lugar de la necesidad humana sino del retorno que pueda haber de esa inversión”, critica Moisès Subirana. “Las políticas internacionales de desarrollo, desde mediados de los ochenta, han desprestigiado lo público por obsoleto, corrupto o estático y a finales de los noventa dos tercios de los créditos que dio el banco mundial a los países para su desarrollo estaban condicionados a alguna forma de privatización del servicio del agua”, explica. Subirana acusa al Banco Mundial de estar dando más ayudas al desarrollo a los países que mejor pueden garantizar el retorno de las inversiones y no a los más las necesitan.

Pedro Arrojo, miembro de la Fundación por la Nueva Cultura del Agua, asegura que para conseguir los objetivos en 2030 habrá que hacer un cambio profundo: “El derecho humano no es lo único, no vivimos solo de derechos humanos. Está en juego un modelo de democracia, qué cosas dejamos en manos del libre mercado, qué cosas son de todos y todas y no podemos permitirnos dejar en manos de la mercantilización”.

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El Gobierno local invita a AEOPAS a inspeccionar la Edar y concluyen que nunca funcionó para depurar las aguas negras

El alcalde califica de "indignante" lo sucedido en la Edar en la tarde del lunes cuando el socio privado de Emafesa le requirió al Ayuntamiento la documentación en el acceso.

 

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El Gobierno local de Ferrol ofreció este martes una rueda de prensa para valorar la extensa visita realizada en la tarde del lunes a la EDAR de Cabo Prioriño, con los responsables de AEOPAS, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, que asesoran al Ayuntamiento de Ferrol en el proceso para remunicipalizar el ciclo integral del agua.

Participaron el alcalde, Jorge Suárez, los ediles de Servicios y Participación Ciudadana, Bruno Díaz y Álvaro Montes, el ingeniero y secretario general de AEOPAS, Jaime Morell. La primera conclusión que extrae AEOPAS del recorrido por las instalaciones de Prioriño es que la EDAR de Ferrol, en palabras de su máximo responsable, no funcionó como tal nunca a pesar de tratarse de una obra "de primer nivel tecnológico" en la que se invirtieron millones de dinero públicos.

 

El secretario general de AEOPAS, Jaime Morell manifestó que, en su experta opinión, la instalación es moderna "es de primer nivel tecnológicamente" mientras que el caudal actual de la planta sería "suficiente" para su puesta en marcha. Morell, tras revisar la legislación, achacó "toda la competencia de la depuración" a Aguas de Galicia, que "la tiene claro", remarcó.

 

"Tendrían que haber culminado el proceso de ejecución con la puesta en marcha correctamente", manifestó en relación al ente de la Xunta, del que cuida que recibió una obra inconclusa de las manos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. En cuanto a las deficiencias en las que Urbaser, el socio privado de Emafesa, se escuda para no acometer un proceso de depuración por lo que sí cobraban puntualmente una tasa -ya suspendida por el Gobierno- a la vecindad, AEOPAS considera que son "anomalías y fisuras que tienen arreglo y que no afectan al proceso".

 

"Estoy convencido de que funcionaría con el caudal actual y así lo manifestaron los técnicos de Aguas de Galicia. Se podría hacer pero no se están depurando -pretratamiento básico de sólidos- mas que un pequeño porcentaje de las aguas negras de Ferrol", concluyó Morell. Tras analizar y prorratear el coste del metro cúbico del agua que tienen que pagar los ferrolanos, AEOPAS estimó que es mas del doble del precio medio del Estado, en torno a 0.68 céntimos por litro frente los 0,30 de otros municipios.

 

INDIGNANTE ACTITUD DEL SOCIO PRIVADO DE EMAFESA EN LA EDAR

 

El alcalde evidenció hoy su profundo malestar y su indignación y la de toda el equipo del Gobierno por el hecho de que en la visita realizada en la tarde del lunes 21, los vigilantes de seguridad que custodian el acceso a una infraestructura que es pública hayan requerido la documentación identificativa a todo el grupo, que encabezaba el propio regidor, que en su calidad de primer edil es, también, el presidente de Emafesa como empresa mixta de Aguas en la que el socio personal, Socamex-Urbaser, tiene la competencia en la gestión técnica.

 

El grupo lo integraban, además de Suárez, el edil de Servicios, Bruno Díaz, miembro del Consejo de Administración de Emafesa, y el concejal de Participación Ciudadana, Álvaro Montes, junto con tres técnicos de AEOPAS y los medios de comunicación.

 

La visita se inició a las 17:30 y remató hacia las 19:30 horas, en las que la comitiva pudo comprobar las filtraciones y humedades de una obra rematada en abril del 2010 y que fue recepcionada por Aguas de Galicia, dependiente de la Xunta y ente autonómico competente en la depuración, sin haber comprobado el funcionamiento de los equipos electromecánicos ni de los procesos de una planta depuradora que no ha funcionado cómo tal desde que Urbaser se hizo con el encargo de la gestión, en el 2014.

 

"Nos pusieron todo tipo de trabas e impedimentos para acceder a esta planta con una identificación exhaustiva y la indicación expresa del gestor de Emafesa de que no se nos había contestado a ninguna cuestión técnica cuando se trata de una instalación pública que no puede ser apropiada por una empresa que tiene la minoría de las acciones", explicó Suárez.

 

"Es un argumento más para constatar un incumplimiento mas la cláusula de los pliegos firmados en las que dice expresamente que la parte personal tiene el deber de informar a la parte pública y que se está incumpliendo sistemáticamente", remató el regidor.

 

EL OBJETIVO ES QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SEAN REALMENTE PÚBLICOS EN VEZ DE DEJARLOS EN MANOS PERSONALES

Por su parte, el concejal de Servicios, Bruno Díaz, recordó el mandato plenario aprobado en el pleno de julio para la adhesión del Ayuntamiento de Ferrol a AEOPAS, el máximo ente en procesos de remunicipalización, para asesorar al Gobierno local en los pasos a dar "en el marco de un proceso de recuperación para el ámbito público de todo el ciclo integral del agua".


"Le queremos transmitir a la ciudadanía que nuestra intención, y así figura en el acuerdo del Gobierno, es que los servicios públicos sean realmente públicos cuando hasta ahora se pusieron en manos de empresas personales que gestionaron en beneficio propio", apuntó el edil Álvaro Montes.

El Gobierno local, que ya suspendió la tasa por el saneamiento y estudia como acometer su derogación, aguarda por los informes jurídicos para adoptar la mejor fórmula legal para condonar a los usuarios el recibo ya cobrado por la empresa mixta

 

“Que el agua no sea potable es motivo suficiente para caducar la concesión”

Jaime Morell, en una conferencia en el I Foro Andaluz del Agua

 

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Jaime Morell Sastre es secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), profesor asociado en Ingeniería del Terreno en la Universidad de Sevilla y jefe de servicio en el área de Servicios Públicos para la Sostenibilidad en la Diputación sevillana. Con anterioridad fue director-gerente del Consorcio de Aguas del Huesna y después ocupó el mismo puesto en el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla. Desde Aeopas ponen al servicio de instituciones y empresas públicas su experiencia en la gestión del ciclo hídrico y asesoran respecto a la remunicipalización. El episodio que dejó sin agua apta para el consumo a la población de la ría de Ferrol durante tres días ha reavivado el debate sobre la recuperación de este servicio e incluso sobre la necesidad de mancomunarlo. Morell es un firme defensor de la gestión pública al 100% y de que no se considere el agua como un bien con el que hacer negocio.

Hay en España una tendencia a recuperar la gestión pública del agua?

Sí. La gestión del agua ha pasado de ser algo oscuro, que se hacía en los despachos con privatizaciones cuyo único objetivo era financiar a los ayuntamientos que optaban por el modelo concesional, a formar parte de la agenda política de los responsables municipales y de los partidos, que incluyen ya en sus programas qué van a hacer con el agua de sus ciudadanos. Eso forma parte de la agenda política porque ha habido movimientos sociales, mareas y plataformas de todo tipo que están demandando transparencia y que se gestione lo público, ya que el agua es un derecho, desde las instituciones públicas. Esto hace que haya mucho debate respecto a las privatizaciones, al modelo concesional privado que existe, que genera muchísimos problemas, mucha incertidumbre y mucha desinformación. La tendencia es clara a la remunicipalización pero porque hay un debate en la calle. En toda Europa esto ya es un hecho, vamos nosotros por detrás varios años, como siempre.

Si ahora se recurre al “rescate” de ese servicio es porque hace años se hizo lo contrario. ¿Por qué?

El asunto fue muy claro. Primero, no había una percepción social de que se estaba gestionando un derecho. El agua parecía que era algo con lo que se podía incluso comerciar, y eso fue el motivo de que grandes corporaciones mercantilizaran ese derecho. Es un derecho además de obligada prestación y se gestiona en régimen de monopolio natural; cuando lo conviertes en un negocio, es un gran negocio. Pensemos que la tarifa la imponen las empresas, aprobadas en los plenos, pero se aprueba la tarifa que se quiere y se le cobra a todo el mundo, y al que no paga se le corta el agua. Como es una necesidad hay un impago pequeñísimo, por tanto es un negocio muy, muy seguro. ¿Qué ocurrió? Que los ayuntamientos pequeños entendían que el agua era un problema porque hay que gestionar con responsabilidad, hay unos criterios de calidad y otros muchos de eficiencia en la gestión. Aparecieron de pronto los salvadores: “Nosotros lo arreglamos, lo público es corrupto e ineficiente y aquí llega el que lo va a hacer bien”. Y al ayuntamiento además se le ofrecía un canon concesional, y ahí es donde está la verdadera trampa de todo esto. El canon concesional es un dinero que se da por anticipado por privatizar pero que no se utiliza en estructuras hidráulicas. Se utiliza en pagar personal, polideportivos, arreglar calles o en lo que se quiera, pero no en infraestructuras hidráulicas. Ese dinero se devuelve durante treinta o veinte años y se paga en la tarifa. No es más que una póliza de crédito avalada por la tarifa de los ciudadanos. La única razón que hay para privatizar, porque jamás se ha hablado de indicadores de gestión, de si se hace bien o se hace mal, es financiar a los ayuntamientos. Esto, sobre lo que solo hablábamos los especialistas y los que teníamos responsabilidades en la gestión, empiezan de pronto a preguntárselo los ciudadanos. Esto se ha acabado porque además hay muchos casos de corrupción unidos a este modelo concesional.

¿La remunicipalización no resulta muy cara y difícil?

No, de eso nada. Es tan difícil como cualquier otro procedimiento. La concesión no es más que un contrato, y el contrato hay que cumplirlo, y si se incumple hay métodos para sancionar y para caducar la concesión. Y que el agua no sea potable, como ha ocurrido en Ferrol, es motivo suficiente para caducar la concesión porque el objetivo prioritario es el dotar de agua potable a la población con garantías, y si eso no se ha producido hay motivos de sobra. Efectivamente los procedimientos administrativos son complicados, porque hay que hacerlos bien, pero se hacen. Tenemos experiencia en Aeopas y yo personalmente he dirigido procesos de remunicipalización donde siempre que nos ponemos a exigir el cumplimiento del contrato y hay una decisión política de caducar la concesión, se llega a un acuerdo con el concesionario y se va. Ha ocurrido en otros casos, por ejemplo en Sevilla en el Consorcio de Aguas del Huesna, que abastece a 300.000 habitantes, se llegó a un acuerdo con Urbaser y salieron de la concesión y hoy por hoy es cien por cien pública. ¿Es imposible? No. Hay que trabajar con seriedad y al final se llega a acuerdos cuando hay una decisión política clara. O sea, que si hay una decisión de remunicipalizar en Ferrol, se puede hacer. Ahora mismo en España hay muchos casos y lo primero que hay que estudiar es si el contrato de concesión desde el primer día hasta hoy se ha cumplido correctamente. Si se ha cumplido todo tendrán derecho a un lucro, y si no se ha cumplido todo pues tendrán derecho a mucho menos lucro o incluso a ninguno.En estos procesos de revisión de contratos.

¿Qué incumplimientos detectan?

Básicamente tres tipos. El primero, que hay una falta de mantenimiento de las infraestructuras muy notable y eso implica un deterioro progresivo. Cuando se le entrega la concesión a una empresa privada se obliga, y así está en los pliegos, a que la red esté siempre en perfecto estado. Eso implica gastos de mantenimiento y por tanto gastos en la explotación. Ahí siempre detectamos que hay un ahorro importante por parte del concesionario y además, implícitamente, un deterioro de las infraestructuras. Pensemos que lo que no se mantiene hay que repararlo, y que lo que no se repara hay que sustituirlo. Otro incumplimiento importante tiene que ver con el equilibrio económico-financiero de la concesión, que es el artículo que siempre se esgrime para subir las tarifas. El reglamento que rige esto permite que si hay causas sobrevenidas que no se pudieron contemplar en la oferta pues que se pueda equilibrar. Cuando se analizan las cuentas siempre encontramos que las grandes multinacionales se subcontratan todos los servicios que pueden a su propio grupo, y ahí hay un sobrecosto siempre o casi siempre, porque no hay concurrencia. Una empresa pública tiene obligación, cuando licita cualquier servicio, de darle publicidad y de que haya concurrencia entre los proveedores, desde un bolígrafo hasta un software de gestión. ¿Qué va a hacer una empresa privada? Comprarle el software de gestión a una empresa del grupo. ¿Y cuánto vale eso? ¡Ah! Ahí no hay concurrencia, al precio que me den. ¿Quién me va a hacer las analíticas, que es el caso de Ferrol? Pues el propio laboratorio. ¿Y cuánto me cobra por eso? ¿Me cobra al precio de mercado o me cobra un 30% más?

Quiere decir que el hecho de que Emafesa mande a analizar las muestras a un laboratorio que pertenezca al mismo grupo que Urbaser, ¿es un incumplimiento?

No es que sea una causa de incumplimiento por sí solo. Lo que digo es que los concesionarios privados, como siempre son multinacionales, lo que hacen es subcontratar los servicios a empresas del grupo, y a veces esos precios están por encima del mercado. A lo mejor es mucho más barato y más rápido poder llevar la muestra a Santiago que no mandarla a Valladolid, ¿por qué lo hacen? Pues porque es un laboratorio del grupo. Si luego tarda seis días en dar el resultado... No prejuzgo nada pero la información a lo mejor no fluye con la agilidad suficiente porque son juez y parte. No hay un ente independiente que regule eso, aunque debería existir. Uno de los problemas graves es que como no hay control, no hay indicadores ni regulación, pues nadie sabe si se hace bien o mal.¿Cuál es el tercer incumplimiento más habitual?El tercer caso que encontramos cuando hacemos una revisión de los contratos de concesión es que los medios muchas veces se utilizan fuera del ámbito del territorio para el que se tiene ese contrato. Es decir, que se soportan gastos para otros municipios que pueden estar en otros sitios de España. Eso lo encontramos con asiduidad. De alguna manera se están inflando los costes de personal porque la tarifa solo tiene que soportar y equilibrar los costes de explotación del servicio en el territorio en el que es objeto de concesión, no en ninguno más.

Reclama transparencia y participación, una demanda que se ha hecho en Ferrol por parte de un sector opositor al actual modelo de saneamiento.Es que la legitimidad de la gestión de un servicio público, que es gestionar derechos individuales y colectivos, es que haya transparencia y participación.

No hay que tener ningún miedo a contar las cosas y a que se fomente la participación activa. De hecho es un mandato de las directivas europeas. Cuando se esconde información normalmente hay una justificación detrás, una oscuridad pretendida. Y eso no se debe hacer. Conozco bien los casos de los tanques de tormentas de Ferrol y en su momento tuve la ocasión de poder estudiar algunos informes que justificaban que iban a mejorar la calidad de las aguas y eso no es cierto. Los tanques de tormentas solo se utilizan para laminar avenidas, en ningún caso depuran las aguas residuales. Al revés, puede ser que incluso haya una concentración. Y esos debates hay que preguntarse por qué no se dan cuando son absolutamente necesarios. No hay legitimidad en la gestión del servicio de aguas si no hay transparencia, si no hay participación y si no hay rendición de cuentas. Uno de los temas que llevan prácticamente todos los partidos que defienden este modelo de gestión a las próximas elecciones es la necesidad de regulación en este sector. Somos el único país de Europa en el que no existe, cada uno hace lo que cree conveniente. Y eso genera una oscuridad y una indefinición sobre cómo hay que hacer las cosas que cuando se gestiona en monopolio tiene mucho peligro. Los ciudadanos tienen derecho a saber porque al final pagan su tarifa. Cuando esto se haga así todo irá mucho mejor, y tenemos ejemplos en Europa muy clarificadores de que este es el modelo a seguir.

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