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Analíticas a mil kilómetros en laboratorios «de confianza»

Iproma y Socamex son entidades colaboradoras del Ministerio de Agricultura

Fuente: ferrol / La Voz de Galicia, 21 de julio de 2015. Actualizado a las 05:00 h.

 

 


 

 

La «acreditación» y «homologación» de los laboratorios es la razón por la que el agua de la depuradora de la que se abastecen los 150.000 habitantes de Ferrol, Narón, Fene, Ares y Mugardos se analiza a mil y quinientos kilómetros de distancia, en Castellón y Valladolid, respectivamente. Se trata de los laboratorios Iproma, en el primero de los casos, y Socamex, que mantiene un convenio de colaboración con el mejor centro de analíticas de Alemania. Socamex es, además, una filial de la empresa Urbaser, a la que pertenece el 49% de la sociedad mixta Emafesa, responsable de la gestión del agua en Ferrol, mientras que el Concello ostenta el 51% restante.

El argumento esgrimido por el gerente de Emafesa, Alejandro Pisa, a lo largo de la pasada crisis del agua -en materia de suministro concluyó el pasado domingo con el levantamiento de la restricción en Ferrol, pero en cuanto a responsabilidades el debate continúa abierto -para justificar que las analíticas se hagan tan lejos es que se trata de una razón de «confianza» en los laboratorios.

La empresa de aguas de Ferrol cuenta con el suyo propio para los controles habituales de cloro, PH y metales, pero los más complejos, los que se hacen a través de muestreos de cromatología de gases, como es el caso de los trihalometanos, se derivan a los laboratorios de Castellón y Valladolid.

 

 

Alejandro Pisa asegura que se ha optado por estos laboratorios por la garantía que ofrece el hecho de que los dos, que, según dijo, están situados entre los cinco mejores de España, cuenten con la acreditación de la ENAC y con la declaración de entidad colaboradora del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Las muestras, que se envían en envases diferentes y a las que se añaden determinados productos en función de los parámetros que haya que determinar, se meten en una nevera con hielo y se remiten al laboratorio de destino por mensajería especial.

La complejidad de las analíticas es la responsable de que los resultados tarden alrededor de ocho días en situaciones de normalidad, pero se pueden acelerar cuando se trate de una urgencia, como se hizo con las de Ferrol.

Según el gerente de Emafesa, se logró gracias a que el aparato logístico de ambos laboratorios estuvo en situación de emergencia, trabajando de forma continua y en exclusiva para Ferrol.

Alejandro Pisa dijo tener conocimiento de que en Galicia hay algún otro laboratorio que realiza este tipo de pruebas, pero matizó que él no había intervenido en la selección de los que realizan las analíticas de la empresa, cuestión que compete a los biólogos y técnicos de Emafesa, que son los que saben de la materia.

También en Lugo

Igual que Ferrol, Lugo envía también sus aguas a analizar a Valladolid, al laboratorio Socamex, del grupo Urbaser. Los responsables del servicio indican, no obstante, que la ubicación del laboratorio no condiciona el tiempo de realización de las pruebas, sino que son otros factores, como los parámetros que deban medirse o la técnica que se emplee para ello, los que inciden sobre el tiempo que tardan los resultados de los análisis. Mientras que las muestras sí tienen que recorrer físicamente la distancia hasta el laboratorio, los resultados se comunican de forma inmediata.

El agua de cinco ciudades se testa en laboratorios de Santiago, Vigo y A Coruña

Más allá de Lugo y Ferrol, los análisis del agua que se consume en las otras cinco ciudades gallegas se realizan en la propia comunidad. Pontevedra tiene el servicio de agua adjudicado a la empresa Viaqua, en la que el Concello no tiene ninguna participación. Fuentes de la firma indicaron ayer que se realiza un análisis interno de control cada semana y que los análisis más complejos y que miden más parámetros se realizan en la sede del laboratorio Labaqua en Santiago, que pertenece al mismo grupo empresarial, vinculados tanto en este caso como en el de Viaqua, al Grupo de Aguas de Barcelona. Se realizan -explica la concesionaria- las analíticas que determina la legislación y su frecuencia depende de varios factores, entre ellos la cantidad de metros cúbicos suministrados.

En el mismo caso que Pontevedra están Santiago y Ourense, donde el servicio de abastecimiento está también en manos de Viaqua. En ambos casos los análisis se realizan en el laboratorio Labaqua en Compostela.

En A Coruña, la empresa municipal de aguas, Emalcsa, suministra agua potable a los vecinos de la ciudad y a los de su área metropolitana (Arteixo, Culleredo, Oleiros, Cambre, Sada, Bergondo y Carral), 391.669 personas en total. La empresa cuenta con un laboratorio propio que hace controles de la calidad del agua de manera continuada. Entre otras cosas, hace seguimiento de los trihalometanos.

En el caso de Vigo, el servicio de aguas está en manos de la empresa Aqualia. Los análisis periódicos de calidad del agua los realiza la propia Aqualia en la estación de tratamiento de O Casal, en la ciudad olívica.

 

Con información de Miguel Cabana, Cristina Barral, Xosé Gago, Ignacio Carballo, Ruth Novoa y Ángel Paniagua.

Pinche aquí para  ver la información en la web de La Voz de Galicia

Alejandro Pisa: «La etiqueta 'urgente' del análisis se borró o traspapeló»

El gerente de Emafesa dice que un problema de catalogación provocó un retraso de siete días en el análisis que dio pie a las restricciones

FUENTE: . ferrol / la voz, 19 de julio de 2015. Actualizado a las 19:48 h.

 

El gerente de Emafesa, Alejandro Pisa, asegura que los técnicos y el personal de la empresa de gestión del agua de Ferrol han cumplido con todo lo que establecen los protocolos y las normas del buen juicio en situaciones como la que ha obligado a restringir el suministro a la población por los altos niveles de trihalometanos.

-¿Cómo está actualmente la situación?

-Con todos los trabajos que hemos estado haciendo y seguimos, a día de hoy ya tenemos los depósitos de Catabois con agua apta para el consumo y la planta produciendo también agua apta, pero en algunos puntos de la red aún tenemos los valores por encima de cien, si bien los puntos de entrega a Fene y Narón ya dan resultados por debajo de ese nivel. Lo primero que había que conseguir era producir agua apta en la planta y empezar a tener agua en los depósitos acumulada para ir llenando las redes de agua buena. Ahora vamos a trabajar en las zonas conflictivas de la red con purgas y eso mismo recomendamos a los otros concellos, porque hemos notado que la restricción ha supuesto una bajada del consumo y no pasa agua suficiente para que se limpien.

 

-¿Por qué se tardó tanto en tomar decisiones si la primera analítica es del 29 de junio?

-El protocolo establece que hay que hacer muestreos para controlar los trihalometanos. El año pasado hicimos del orden de unos 30 análisis al año y todos dieron bien. El 29 de junio le tocó a un determinado grifo, se envió al laboratorio homologado y acreditado por Sistema Nacional de Salud, está en Castellón y trabajamos con él de continuo, así como con otro de Valladolid. Recibimos los datos el 6 de julio y daba 180. Lo que dice el protocolo es que en menos de 24 horas de recibir el dato se tome otra muestra y se envíe para confirmar y así se hizo. Tuvimos los resultados el 13 de julio. Confirmaban que el dato era válido, daba por encima de cien pero ya menos. Entonces se informó a la Jefatura Territorial de Sanidade. Nos respondieron que necesitaban más datos y medidas a adoptar y lo que le dijimos es que íbamos a intensificar el número de muestras y ver los análisis. El día 14 tomamos más muestras para tener los resultados el día 15 e informamos a Sanidad, que emitió un comunicado el día 16 con la restricción en el uso del agua.

-¿Es normal que los resultados tarden siete días?

-Nunca hemos tenido situación alarmante con trihalometanos. Como siempre los resultados daban bien, seguimos ese programa de análisis continuo. Las urgencias para las muestras se producen cuando hay una situación de alarma, como ahora, que tenemos los resultados en menos de 24 horas.

-¿Y no tendría que haber sido ya el día 6?

-Sí. El día 6 se mandó por urgencia, el día 8 tendríamos que haber tenido los resultados, pero como no llegaban llamamos al laboratorio. Nos preguntaron qué muestra era y a ellos no les aparecía de urgencia, pero ya la catalogaron y trataron por el trámite urgente, pero había un fin de semana por medio, por lo que los resultados no llegaron hasta el día 13.

-¿Se ha confirmado que desde aquí se hubiese tramitado correctamente?

-Pensamos que al llegar al laboratorio la etiqueta especial o se borró o se traspapeló, o incluso que la persona encargada de clasificar las urgencias la cambiase. No lo sabemos. Los técnicos de Emafesa me dijeron que la muestra salió como urgente, pero habrá que comprobarlo. Ahora estamos a lo que estamos. No obstante, hay que aclarar que no estamos hablando de situaciones de un riesgo inminente para la salud, ya que el nivel de cien es muy, muy conservador.

-¿Responsabilidades?

-En la empresa Emafesa, técnicos y responsables han cumplido los protocolos y las normas del buen juicio.

Ver aquí la noticia desde la web de La Voz de Galicia.

AEOPAS PRESENTA UN ESTUDIO SOBRE EL RIESGO DE PRIVATIZACIÓN DE QUINCE OPERADORES PÚBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO A NIVEL ESTATAL

Los datos del informe revelan mayor riesgo de privatización en Canal de Isabel II, AMVISA y Consorcio de Aguas de Bilbao - Vizcaya

 

Sevilla, 15 de mayo de 2015. -La Asociación Española  de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) ha realizado un estudio sobre el riesgo de privatización de 15 operadores públicos de abastecimiento y saneamiento en el ámbito estatal, obteniendo como resultado un posible mayor riesgo de privatización en Canal de Isabel II (CYII), AMVISA y el Consorcio de Aguas de Bilbao – Vizcaya.

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El estudio, desarrollado durante los meses de abril y mayo de 2015, se ha ejecutado  con el objetivo de dar a conocer las condiciones objetivas que pueden facilitar una privatización de los servicios públicos de agua y saneamiento según el modelo actual, con el pago a la administración concedente de un canon concesional casi nunca utilizado en infraestructuras hidráulicas.

“Para llevarlo a cabo hemos operacionalizado el concepto riesgo de privatización, a través de tres indicadores, como son ‘Riesgo institucional’, ‘Riesgos económicos’ y ‘Riesgo de transparencia’, todos ellos estudiados y presentados en forma de escala entre cero y cinco puntos”, según ha indicado el secretario general de la asociación, Jaime Morell, que ha señalado que “únicamente hemos hecho uso de información pública y publicada de las entidades, como  declaraciones públicas realizadas por dirigentes de las empresas en medios de comunicación, datos estadísticos del INE, cuentas anuales, presupuestos de las administraciones locales y sitios web corporativos de las entidades analizadas”.

El resultado final se presenta como un ranking del riesgo de privatización en una escala de valores de cero a cinco puntos, en la que cinco es el mayor riesgo de privatización, dando al riesgo institucional un peso del 30  por ciento sobre el valor final de cada operador en el ranking, a la dimensión económica un 40 por ciento y a  la dimensión de transparencia un 30 por ciento.

Resultado del ranking

Como resultado, existen tres empresas en la parte más alta de la clasificación, que obtendrían mayor puntuación de riesgo de privatización, como son Canal de Isabel II, AMVISA y Consorcio de Aguas de Bilbao – Vizcaya, seguidas de lejos por hasta nueve operadoras en un riesgo medio y dos en riesgo bajo, como son Giahsa y Aguas del Huesna.

Morell ha señalado “la falta de un organismo regulador que controle los indicadores de gestión de las empresas de agua y saneamiento, de manera que sea obligatorio que las entidades ofrezcan estos datos de forma recurrente para poder controlar la gestión del agua y cuanto menos comparar la calidad en la prestación del servicio”.  

 

AEOPAS es una asociación sin ánimo de lucro formada por operadores públicos de abastecimiento  y saneamiento y por grupos de la sociedad civil, tales como consumidores, sindicatos y oenegés. Su objetivo es defender, promocionar y  avanzar hacia un modelo de gestión pública del agua.

 

 

 

   Descargar estudio aquí.

 

 

El Comité Europeo de Medio Ambiente del Parlamento apoya formalmente el Derecho Humano al Agua

25 de junio de 2015. - El Comité de Medio Ambiente y Salud Pública, junto con el de Desarrollo aprobó por mayoría absoluta  enviar un fuerte mensaje a la Comisión Europeapara que actúe sobre el derecho humano al agua.
 
El informe de la eurodiputada irlandesa Lynn Boylan  fue votado y será discutido y votado en la sesión plenaria. El informe exige la Comisión Europea  que actúe en virtud de la primera  Iniciativa Ciudadana Eueopea sobre la implementación del derecho humano al agua en la legislación de la UE, según lo definido por las Naciones Unidas en el año 2010.
 
También llama a no forzar la privatización del agua a través de medidas de austeridad y a promover más asociaciones Público- público (PUP). También refuerza la exclusión de agua y saneamiento de las normas del mercado interior (como se indica la Comunicación de la CE) y de cualquier acuerdo comercial.
 
 

¿Cómo recuperar la gestión del servicio de agua en los municipios?

Instalaciones del Canal de Isabel II en Madrid. / ÁLVARO MINGUTO

La gestión del agua entra en la campaña de las municipales. El servicio público, de competencia local, está en más de la mitad de los municipios bajo el control de empresas privadas.

FUENTE: EL DIAGONAL. Ter García
, Redacción
 

“Recuperaremos el control ciudadano de la gestión del agua”, afirmaba Eloi Badía, experto en agua y número 12 de la lista de Barcelona en Comú en una entrevista publicada recientemente en este medio. “Desprivatizar el servicio del agua” fue también una de las promesas de la candidata a la Junta de Andalucía por Podemos, Teresa Rodríguez. Los proyectos ciudadanos de cara a las municipales surgidos en cientos de municipios, como Alacant en Comú o Somos en Avilés también han subrayado su apuesta por la recuperación de servicios públicos como el agua y hasta BGN se ha comprometido recientemente a rescatar el servicio en Vigo.

Mientras, en la Comunidad de Madrid, Podemos ha propuesto crear un Banco del Agua a través del cual, con los beneficios de Canal de Isabel II, financiar proyectos de innovación tecnológica sobre, por ejemplo, energías renovables. Una propuesta no vista con  buenos ojos desde muchas organizaciones en defensa del derecho del agua, que reclaman que los beneficios que resulten de la gestión de este servicio vayan a parar al propio ámbito del agua. 

El modelo de gestión del servicio municipal de agua se ha convertido en uno de los temas que protagonizan la campaña electoral, empujado por el Pacto del Agua, un manifiesto impulsado por alrededor de 300 organizaciones civiles de todo el Estado, entre las que se incluyen Ecologistas en Acción, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, Aigua és Vida, FACU, CC OO o la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

“La mayoría de las organizaciones que han apoyado el manifiesto son locales”, señala Luis Babiano, gerente de AEOPAS, quien explica a Diagonal que el objetivo de el Pacto del Agua es presionar a los partidos políticos de cara a las próximas elecciones municipales para que apuesten por un modelo de gestión de agua de carácter público, transparente y participativo.

Hasta ahora, la iniciativa está dando buenos resultados. Grupos locales de la mayoría de partidos políticos han reaccionado asumiendo el compromiso por el agua según en qué municipios, en especial las candidaturas ciudadanas que han surgido en los últimos meses. “Hasta el Partido Popular de Priego de Córdoba lo ha aprobado”, comenta Babiano. “Los que nunca han firmado el pacto han sido Ciudadanos”. En algunos sitios incluso se ha puesto ya en práctica. En País Vasco, el consorcio Aguas de Gipuzkoa se ha comprometido a gestionar el agua de forma pública y participativa; en Xàbia –único municipio de Alicante con el agua bajo gestión pública– han aprobado el mínimo vital de 60 a 100 litros por persona que defiende el pacto. Hace pocos días, el Parlament de Catalunya apoyaba también el Pacto del Agua -con el único voto en contra del Partido Popular, y con ERC y CiU desmarcándose de la intención de recuperar la gestión pública-.
 

Recuperar la gestión del agua

La forma más fácil de remunicipalizar el servicio del agua viene por esperar a que se cumpla el periodo del contrato con la empresa adjudicataria y que el Ayuntamiento decida no renovarlo. “Ahí, el coste es 0”, subraya Babiano. En Pontevedra, el candidato de Marea Pontevedra ya ha anunciado que, si consiguen el Ayuntamiento, recuperarán la gestión de las manos de Viaqua cuando expire el contrato en 2017.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la fecha en los que los contratos con concesionarias dejen de estar vigentes son a muchos años vista. Guanyem Elx, por ejemplo, ha incluido en su programa la remunicipalización del servicio, pero el contrato con la empresa Aigües d'Elx –Aquagest, grupo Agbar– no acaba hasta 2042; en Oviedo, el contrato con FCC no expirará hasta 2045 y en Jerez de la Frontera, el contrato firmado en 2013 también con FCC estará en vigor hasta 2038 ¿Cómo recuperar la gestión del agua cuando en su mayoría los contratos son por periodos de hasta 40 o 50 años?

Babiano señala que, la siguiente opción es llevar a cabo un control por parte del Ayuntamiento, organizando un equipo de profesionales que detecte negligencias en el desarrollo del contrato. Fue lo que consiguió el Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) el pasado año, cuando técnicos del ayuntamiento detectaron que Aquagest (FCC) manipulaba los contadores y hacía contratas irregulares con empresas de su propio grupo. Barcelona en Comú ya ha anunciado que harán una auditoria del contrato de agua en la ciudad para encontrar irregularidades y, así rescindirlo.

Podemos también ha anunciado la realización de auditorias para remunicipalizar los servicios públicos externalizados que no funcionen correctamente o tengan sobrecostes. Hasta ahora, el control del servicio del agua por parte del Ayuntamiento no es habitual, según explica Babiano. “En vez de tener un equipo que supervise, los ayuntamientos eliminan ese tipo de controles cuando privatiza el servicio”. En otros casos, como en Sanlúcar de Barrameda, ni las denuncias ante la justicia por parte de la ciudadanía, también por la manipulación de los contadores, ha llevado a que el Ayuntamiento, hasta hace pocos meses en manos del diputado de Ciudadanos en la Junta de Andalucía Juan Marín, rescindiera el contrato.

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